Entre el asesinato de trabajadores por los narcos y el
ensayo represivo del Estado
“¿Que podrán
pensar los jefes de los carteles de droga sobre el campesinado organizado,
sobre los sindicatos y el movimiento estudiantil? ¿Qué ideas formaran las
cabezas de los dueños del sistema cuando los movimientos reclaman sus derechos,
o salen a la calle buscando nuevas conquistas?. Podrán pensar lo mismo si son
narcos en el estado de Guerrero, o industriales en China, o dueños de las
cuentas más pesadas del casino financiero de Wall Street. Podrán pensar lo
mismo si los que rigen son los patrones dominantes a la escala que sea, tanto a
nivel sistema mundo como a niveles locales. Esos están cargados con las armas
más egoístas y temerarias que ha conocido la humanidad. Ellos tienen los
ejércitos para las guerras, las cárceles, las mil formas represivas exclusivas
o asociadas con sus sicarios de turno.” - Federación Anarquista Uruguaya, 2014.
Llegamos a esta situación a
partir del crecimiento, durante más de dos décadas, de bandas narco que, con el
paso del tiempo, comenzaron a tener vínculos con las organizaciones de Brasil y
México, al tiempo que lograban controlar territorio periférico en una región
como el Gran Rosario, de mucha circulación de capital y de contrastes
violentos. Una zona de tránsito para una importante exportación de materias
primas, crecimiento inmobiliario récord, gentrificación y elitización de
algunas zonas y barrios, hacinamiento y
marginalidad en otros, de altos niveles de pobreza y precariedad, con altos
índices de desempleo e informalidad, con un abandono de los servicios y de una
contención insuficiente del sector público, sostenido a duras penas con
dignidad por los propios trabajadores y trabajadoras.
Basta recordar que nuestra
ciudad fue uno de los primeros epicentros de los saqueos del '89, del 2001 y de
2012. Hace un año destacábamos, desde la FAR, que si hubiera fuentes de trabajo o “proyectos
de vida para la juventud y las familias de las barriadas populares, estas
empresas del narcotráfico no podrían servirse de la desesperación de los
sectores populares para llevar a cabo su arremetida…”.[1] Vale aclarar,
además, que el entramado de estas bandas llega a la complicidad de jueces,
fiscales, políticos, empresarios, comerciantes, comisarios y hasta llegaron a
estar asociados jefes de la policía provincial. De algún modo, y como ha pasado
en otras partes del mundo, el crecimiento de las bandas narco-criminales sólo
se explica a partir de la profundización del neoliberalismo desatado a partir
de la última dictadura militar. El engrosamiento de las barriadas pobres como
producto del extractivismo, la pérdida en lo concreto de los derechos
universales conquistados como educación y salud pública de calidad, la
flexibilidad laboral y precarización, junto con la promoción de valores como el
individualismo y la competencia. Todo esto dejó campo fértil para el escenario
actual. Donde el Estado se preocupó más por controlar con políticas
focalizadas, represión y segregación, que en garantizar un porvenir para los
sectores populares. Fracasando incluso en su cometido, hasta llegar al punto
donde no pudo favorecer el acceso a los servicios, donde no hubo más contención
para dar, y así otorgó finalmente el control territorial a estas bandas
criminales. Esto no es otra cosa que la clase política delegando, privatizando
el control de gran parte de la seguridad, del “comercio” y de numerosos
aspectos de la vida social de las barriadas pobres. Solo quedamos las
organizaciones comunitarias, sociales y sindicales, resistiendo la marginalidad
y la fragmentación, que ante el avance de estas bandas quedamos en una situación
de gran asimetría de poder.
Otro elemento a resaltar, es el peligroso consenso
entre la clase política argentina -de todos los colores- sobre la necesidad de
saturación de fuerzas represivas en la ciudad. Sumado a que los gobiernos Provincial y Municipal acaban de delegar al
Ejecutivo nacional (dejando en manos de políticos porteños) el abordaje del
conflicto. En marzo de 2023 marcábamos a Rosario como un “laboratorio de
ensayo”, como hoy vemos, esto se acentúa con la llegada del Ejército, al menos
en primer término como “personal operador de logística de seguridad”. Vale
destacar que al momento de escribir esta posición, contrasta escandalosamente
los desfiles de la llegada de militares a Rosario, mientras la lluvia de las
últimas horas inunda los barrios populares de la ciudad, fruto de la desidia de
los Estados Provincial y Municipal.
En ese sentido,
la “política de seguridad” trazada e implementada por Bullrich, ya desde la
época en que Macri era presidente, deja entrever varias cuestiones que, lejos
de solucionar el tema de fondo, nos alerta sobre la gravedad que reviste. En
aquel documento de marzo del 2023, alertábamos también que la “postura de
Bullrich […] se inscribe en una doctrina más general de “guerra a las drogas”
creada por los Estados Unidos a principios de los setenta, vinculando
claramente sus propuestas a la embajada norteamericana y la CIA. Esta guerra,
que parecía lejana a la Argentina, más propia de Colombia o México, es el
producto importado del momento e incluye un paquete completo que va desde
financiamiento, armamento e incluso desembarco de personal norteamericano.”[2]
Esto mismo no podemos escindirlo del reciente anuncio de otorgar parte del
control de las vías navegables del río Paraná a los EEUU (donde se avizora la
vuelta de Trump). El interés de control pleno de las trasnacionales y el
imperialismo sobre la región se hace más que evidente.[3]
Sobre este punto, debemos detenernos brevemente para mirar cómo
se desarrolló esta doctrina de seguridad del imperialismo en América Latina.
Esto que acontece en Argentina, puntualmente en Rosario, forma parte de la “construcción de la idea de nuevas
amenazas”, impartida por agencias gubernamentales de los Estados Unidos
–entre ellos el Comando Sur de sus FFAA–. Terminada la Guerra Fría, esta
doctrina fue asociando la “lucha contra el narcotráfico” y el “combate contra
el terrorismo” a la hora de avanzar en el despliegue militar norteamericano
como parte de un proceso regional de presencia del imperialismo. Esto lo
resaltamos porque, más allá de las nefastas consecuencias geopolíticas, en
todos estos años, tanto la injerencia del ejército norteamericano como la
intervención de los ejércitos locales de cada país, en cuestiones internas como
el narcotráfico, han tenido consecuencias calamitosas para los sectores
populares. En todos los casos, lejos de resolverse, el contexto de violencia
social se profundizó. Las fuerzas militares, inclusive llegaron a tomar parte
del negocio. Y acá no nos extendemos siquiera en el agravamiento de las
violaciones a los Derechos Humanos, constatado en cada intervención. Tales
resultados negativos arrojan las experiencias de México,
Colombia, Brasil o Centroamérica.
A esta avanzada, tenemos que resaltar como
agravante los intentos de Milei y Bullrich de vincular todo el tiempo el
control de las calles frente al narcotráfico y el señalamiento a la protesta
social como si fueran parte de lo mismo. En este marco es que el gobierno
promueve la militarización, reflotando la aplicación de la Ley Antiterrorista
(vigente desde 2014) y la doctrina Chocobar. Nos surge el interrogante sobre
cómo reaccionarán las fuerzas represivas instaladas en la ciudad frente a las
constantes movilizaciones locales, en un contexto de crisis social y económica,
en una de las ciudades del país con más población bajo la línea de la pobreza.
No debemos dejar de observar que lo que se muestra como un
combate entre el Estado y las bandas narcos, es una relación mucho más
compleja. Si bien hay una disputa por el monopolio de la violencia, son
concurrentes en otros objetivos. En este sentido, las calles de la ciudad se
ven desiertas por estos días, se han cancelado movilizaciones y protestas, la
gente se ha paralizado por el miedo. Esto favorece tanto al gobierno ajustador
como a las bandas narcos porque también a paralizado parcialmente, como ya dijimos,
la producción. Asimismo, la relación se complejiza aun más cuando el negocio de
las drogas se sirve del interés de políticos y empresarios de participar en el
mismo.
¿Hay
soluciones a corto plazo?
A la hora de pensar en una salida a este contexto, tenemos que
aseverar que no existen soluciones a corto plazo y que no es una situación
exclusiva de Rosario. Como ya vimos más arriba, el aumento de la represión va
en detrimento de las condiciones de vida de la población, ya castigada por el
contexto nacional. En este sentido, la “vuelta a la normalidad” no es
más una opción para los de abajo, ni aunque nos lo propusiéramos.
¿Puede empeorar la situación? Es más que probable, ya que tiene
todos los condimentos para que eso suceda. Por un lado, se pudo conocer un
planteo de tregua entre las distintas facciones narcos (clan Alvarado y Los
Monos como principales actores). También, advertimos ya un grave corrimiento de
los límites en los últimos asesinatos: le llegaron a disparar deliberadamente a
bebés y niños pertenecientes a familias implicadas, luego llegó la elección
aleatoria de la víctima en la vía pública. Por último, fueron atacados
trabajadores de sectores vinculados al transporte -taxis, colectivos,
estaciones de servicio-. Este último accionar, intenta alterar la normalidad de
la vida de la ciudad, ya que inevitablemente el asesinato de un trabajador
implicará el cese de actividades del sector en cuestión. A esto, debemos
sumarle la absurda exposición mediática de los gobiernos Provincial y Nacional,
basadas en imágenes espectaculares (armamento, policías a cara cubierta, presos
sometidos) y declaraciones provocativas de funcionarios en tono de
bravuconadas, como partes de una imitación defectuosa del modelo represivo de
Bukele.
Por eso los sectores populares organizados no podemos perder el eje en nuestra
estrategia de construcción, ni quedar como meros espectadores de la situación.
Por un lado, debemos pensar en continuar con la agenda de cada sector,
referente al enfrentamiento de las políticas de hambre y ajuste del Gobierno
Nacional y Provincial. Uno de los objetivos de estos Gobiernos es correr el eje
para implementar el ajuste sin resistencia. Por el otro, en un contexto local
de violencia narco hacia los trabajadores, es urgente reclamar una reducción
horaria de la jornada laboral, inclusive suprimiendo horarios nocturnos, dado
que la mayoría de los asesinatos ocurrieron durante la noche. Para esto, es
preciso estimular un estado asambleario en los lugares de trabajo, romper con la normalidad que quieren instalar
las cámaras patronales y el Estado. La productividad debe ser interrumpida en
función de nuestra propia vida. La continuidad de paros y movilizaciones van a
ser las herramientas genuinas para llevar adelante reivindicaciones del
contexto, particulares de cada sector y generales. Nuestra tarea militante,
además debe aportar a fortalecer el armado de multisectoriales e
intersindicales, ya que son herramientas efectivas a la hora de organizar
medidas de gran envergadura, dando buenos resultados incluso a la hora de
generar impacto. Ya lo vivenciamos con el Paro del 24 de enero (con 3 bloques
importantes) o las recientes movilizaciones de docentes y estatales contra el
Gobierno Provincial.
Durante los últimos, años
hemos advertido desde nuestra organización sobre el grave daño que viene
generando este sistema capitalista, empobrecedor y destructivo de la vida y el
eco-sistema. También hemos escrito de manera considerable sobre el agotamiento
y los límites del sistema democrático-representativo, donde está demostrado
pueden convivir retóricas de defensa de derechos, con prácticas institucionales
reaccionarias, ultraliberales y fascistas. Hoy, creemos con actualidad en el
planteo, desde FAR apuntamos nuestro análisis y estrategia contra este mismo
sistema que alimenta el crecimiento de la violencia social con más
fragmentación e individualismo. La falta de perspectiva de una vida digna para
los sectores populares (principal insumo de las bandas narcos en Rosario), no
tiene solución alguna si no apuntamos a cambiar todo. En vísperas de un nuevo
24 de Marzo, la necesidad de ir por una Revolución Social (aquella por la que pelearon las y los 30.000 compañeros
desaparecidos) está más vigente que nunca.
[1] "La violencia como excusa.
Narcotráfico, avanzada represiva y oportunismo electoral", Posición FAR,
Marzo 2023.
[2] Idem.
[3] Desde hace años los distintos
proyectos imperialistas y neo-coloniales, como son el caso de EEUU, China y la
Unión Europea han puesto especial atención en colaborar con los distintos
gobiernos locales (Nacional y provinciales) en el control de zonas geo-estratégicas
como los puertos de exportación, el acuífero guaraní, la Patagonia y la zona
del litio en el NOA argentino.
