SETIEMBRE 2013
Introducción
y marco teórico
A la hora de analizar en profundidad el sistema de
dominio y la forma en la que el mismo se desarrolla en nuestra región, sus
particularidades en la coyuntura actual y sus implicancias en el devenir de la
lucha de clases, podríamos abordar dicho análisis desde múltiples esferas y
diferentes ejes. En esta aproximación que ofrecemos hemos optado por hacer un
recorte con el fin de poner énfasis en ejes que consideramos significativos
para la actualidad y que entendemos tienen implicancia en nuestra militancia
cotidiana. De tal manera, vamos a detenernos a profundizar en la dinámica de
las relaciones entre la esfera político-jurídica del sistema de dominio en la
región y la esfera económica. A los
fines de explicar el lugar desde donde nos paramos para realizar este análisis
vamos a señalar brevemente a continuación el marco teórico utilizado.
Como lo hemos manifestado en documentos anteriores,
entendemos a este sistema de dominación capitalista como uno que opera en
diferentes niveles y través de distintos mecanismos de dominio en todas las
esferas de la vida social, y como tal, no es único e inmodificable, sino que es
una construcción histórica. En este sentido, entendemos a la sociedad en su
conjunto constituida por las diversas dimensiones del poder conformadas en las
diferentes esferas, influyentes y dependientes unas de otras. No analizamos,
por ende, a la misma como determinada exclusivamente por las relaciones de
dominación económicas. En este sentido, “el sistema de dominación actual, en
realidad no es simple reflejo de las relaciones de la esfera económica sino
que, se constituye en una interdependencia de las esferas política, económica,
ideológica, cultural, etc. Las relaciones de poder se encuentran presentes en
todas las relaciones sociales, impregnan la sociedad de forma capilar.” [1]
A partir de esto, intentaremos enfatizar, como ya advertimos,
sobre la comunidad de intereses y la relación existente entre el proyecto de
institucionalidad de los llamados Gobiernos “Populares” o de “Socialismo de
Siglo XXI” y la matriz extractivo-exportadora nuevamente en auge en toda la
región sudamericana visibilizada a través del plan Iniciativa para la
Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA).
De Clases
Dominantes y Proyectos Estatistas
A más de una década de iniciado el siglo XXI las
ficciones de “Estados Socialistas” o “Gobiernos Populares” deberían indicar
algo más peligroso que una simple desafortunada conjugación de palabras
antagónicas. Durante el transcurso del siglo XX, en los ya conocidos procesos
de revolución social que han concluido con la toma del poder político por parte de una
vanguardia “iluminada”, se ha evidenciado cómo la iniciativa y el protagonismo
de un pueblo[2]
organizado fueron frenados y hasta oprimidos por las nuevas burocracias
dirigentes. En este sentido, se ha llegado a vivenciar el destino que tuvo el
intento de abolición de los privilegios y la búsqueda de una sociedad sin
clases por parte de las clases oprimidas de dichos países: las élites
burocráticas de los partidos comunistas erigidos en dirección de las
revoluciones se preocuparon por mantener vivo al Estado, recrear al capitalismo
en aquellos países y restaurar inevitablemente privilegios para una nueva clase
dominante… todo en nombre del socialismo. Antes, durante y después de estos
procesos gran parte de la teoría marxista y nacionalista se ocupó de justificar
teóricamente tal proceso.
Casualmente en Latinoamérica desde hace más de diez
años -luego de una gran crisis teórica que sufrió la izquierda estatista
después de la caída de la URSS- se vuelve a justificar la posibilidad de
transformación social desde arriba hacia abajo, es decir desde y a través del
Estado como dirección y aparato regulador.
Intentamos
plantear aquí algunos puntos nodales para entender la realidad de Sudamérica y
el desarrollo que se dio la clase dominante local a la hora de establecer una
nueva estrategia para la región en el marco del sistema de dominación actual.
En este sentido, es imprescindible que detectemos qué proceso de movilización y
resistencia se estaba dando tras una década de políticas neoliberales en todo
el continente; qué respuesta se buscó desde la clase dominante para frenar
nuevos alzamientos populares e intentar dar un salvataje a la institucionalidad
y la gobernabilidad –muchas veces desde una apariencia progresista con
retóricas patrióticas-; y finalmente qué relación guarda esta funcionalidad con
la garantía de desarrollo de la economía de la región dependiente en la
división internacional del trabajo teniendo como parámetro el intento de
aplicación irrestricta del Plan IIRSA, introducido por las potencias mundiales
y proyectos de tipo imperialistas.
Por último, es importante que puntualicemos la
estrategia de resistencia que se están dando las clases populares al avance de
los de arriba, pensando así en las perspectivas de lucha hacia adelante que nos
ofrece la experiencia rebelde de nuestra clase.
El papel de
los Estados Latinoamericanos: los progresistas o los no tanto
A fines del siglo XX pudimos vivenciar el
estrepitoso fracaso de los proyectos estatistas de implantación del “socialismo”
-de arriba hacia abajo- en Rusia, China, Vietnam, Cuba, Corea del Norte y la
Europa del Este entre otros, deviniendo éstos en el establecimiento de nuevas
clases dominantes, nuevas burocracias, reconociendo al capitalismo como único
sistema viable y aportando al fracaso de diversos procesos revolucionarios que
se intentaban dar en los años ´60 y ´70 en nuestra región. La izquierda
estatista en una crisis sin precedentes se llamó a silencio durante una década.
Es ahí cuando las clases dominantes arremetieron con políticas de corte
neoliberal, anulando muchas de las conquistas populares conseguidas con la
lucha a lo largo del siglo XX y revocando derechos sociales que habían sido
arrancados desde abajo. Latinoamérica no sólo no fue la excepción a la áspera aplicación
de estas políticas sino que de alguna forma fue modelo para el resto del mundo.
Privatizaciones en las telecomunicaciones, la
energía y el transporte, ajustes y recortes en los sistemas de salud y
educación pública, desempleo y subocupación, y un predominio del capital
financiero fueron el común denominador en la nueva realidad latinoamericana.
Sin embargo, el descontento de las clases oprimidas no se hizo esperar. Hechos
como el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en
México marcaron los albores de la respuesta organizada de la resistencia
continental a lo que era una nueva sangría a los pueblos latinoamericanos.
Levantamientos populares como los del Caracazo (1989), las guerras del agua y
el gas en Bolivia (2000, 2003, 2005), los levantamientos de los pueblos
originarios en Ecuador y Chile, las puebladas y piquetes que tuvieron como
corolario al argentinazo (1996-2001), la lucha campesina de los Sin Tierras
brasileños, entre otras fueron algunas de las expresiones organizadas de los
sectores populares excluidos y expulsados por este sistema de dominación
capitalista, que a esta altura, prescindía perfectamente de gran parte de la
población del continente. No obstante, y a diferencia de la vieja práctica de
la izquierda, estos eventos y procesos organizativos contendrían un mayor
desarrollo de autonomía popular y una convocatoria de sectores de abajo no
enmarcados en el tradicional planteo economicista de la izquierda clásica.
Pueblos originarios, campesinos(as) sin tierra, piqueteros(as) desocupados(as),
entre otros, a través de la práctica de la acción directa protagonizaron la
re-composición de las organizaciones de las clases oprimidas. Algunas
características novedosas para el momento, como el rechazo a la representatividad
institucional y la búsqueda de mayor democracia directa en manos de las propias
organizaciones populares, iban resaltando la nueva estrategia clasista.
Es así, como en gran parte del continente comenzó a
impactar un proceso de deslegitimación de las instituciones estatales, una
profundización de la crisis de gobernabilidad (recordemos las numerosas
renuncias de presidentes en los casos de Argentina, Bolivia, Ecuador y Perú),
una descomposición de la democracia representativa y del bipartidismo y un
agotamiento de la aplicación de las recetas económicas de ajuste y
privatizaciones.
A excepción
de Chile y Colombia, como los más representativos en el cono sur en donde
prevaleció sin titubeos la posición de mantener esas políticas de ajustes y
sostener el control social principalmente a través de la represión y la
militarización, algunos sectores de la clase dominante latinoamericana
iniciaron una búsqueda de renovar estrategias de control y regulación social
acorde a los tiempos que estaban viniendo. En tal sentido, los Estados
Sudamericanos no podían seguir implementando recetas de ajuste y aplicar al
mismo tiempo la política del garrote. Es ahí donde el Estado debió convertirse
en un actor político de relevancia para tales intereses, instalando una nueva
representación política para neutralizar el antagonismo de clases visibilizado
a fines del siglo XX y primeros años del XXI.
Por un lado, se buscaba poner tope a la seguidilla
de alzamientos populares que estimulaban la capacidad de participación real de
la mayoría de la población. En este sentido, debía asegurarse la dominación a
través de la recuperación de la legitimidad institucional perdida, y evitar así
retornar a la utilización de la fuerza como en tiempos de las dictaduras del
cono sur. Una forma de hacerlo era la de canalizar superficialmente las
demandas populares que dieron origen a las resistencias –léase disminuir un
poco los ajustes y la privatización- combinada con una retórica nacionalista e
izquierdista al mismo tiempo.
Por otro lado, existía la necesidad de consolidar a
la región en su lugar dentro de la división del trabajo global como proveedor
de materias primas, recursos minerales y energéticos sin demasiados
sobresaltos. Dichos recursos requerían ser destinados a su transformación en
los centros industriales de los países desarrollados, para dar respuesta a la
creciente demanda de consumo desenfrenado e irracional de los países más ricos.
A través de una batería de políticas públicas y un
rotundo cambio de imagen y discurso de lo que antecedía, los Estados latinoamericanos
representados en el Socialismo del Siglo
XXI –eufemismo con el que se intenta enmarcar un modelo de “capitalismo
humano” contrapuesto al “capitalismo salvaje”- asumieron esta nueva etapa de
gobernabilidad en el continente. Se comenzó a utilizar una retórica
nacionalista, izquierdista y antiimperialista, evocando viejos próceres de la
independencia latinoamericana como Bolívar, San Martín, Eloy Alfaro y el mismo
Artigas, para lograr resignificar y reinsertar la figura del caudillo como
referencia de gobernabilidad. En tal sentido, se enarbolaron procesos
declamativos como la “Revolución Ciudadana”, “Revolución Bolivariana”, “Estado
Plurinacional” o “Proyecto Nacional y Popular”, entre otros. En consonancia, se continuó desde arriba con
una ínfima redistribución de ingresos a través de políticas focalizadas –muchas
veces disfrazadas de políticas sociales universales- que respondían nada menos
que a viejas recetas del Banco Mundial para frenar el descontento de sectores
excluidos en América Latina y que operaban a su vez como herramientas de
control social. De esta forma el Estado en cada país comenzó a promover la desarticulación
y fragmentación de muchas de las organizaciones populares que estaban en
resistencia desde hacía años y de las cuales algunos dirigentes estaban
esperando nuevamente una posibilidad de colarse en un proyecto estatista,
relegando, de esa manera, el interés real de las bases organizadas.
En esta nueva secuencia de modelos de
gobernabilidad estatal todos los estados del cono sur adhirieron a un
nucleamiento de los mismos denominado Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR),
constituyendo el correlato político-jurídico del sistema de dominio regional.
En esta instancia se logró la convivencia plena y armoniosa de los llamados gobiernos
de izquierda –quienes sólo en el discurso estaban cuestionando al
neoliberalismo-, y los otros modelos conservadores como los países adherentes
al TLC (Tratado de Libre Comercio) que siguieron aplicando abiertamente dichas
políticas. La finalidad última de este conglomerado de Estados fue siempre el
mantenimiento del status quo y una
eventual neutralización de enfrentamiento de clases en la región.
De más esta decir que los resultados expresados,
luego de una década, no reflejan progreso en dirección a una transformación
social en la región: en la mayoría de los países no se ha tocado siquiera la
matriz de la estructura económica y productiva (la concentración del latifundio
es cada vez mayor; los monopolios económicos se han mantenido o renovado), de
manera insoslayable importantes sectores de la clase dominante favorecidos han
financiado las políticas públicas; en ningún caso se ha otorgado a los pueblos
originarios derecho definitivo al territorio ni ha cesado la represión y
discriminación a los mismos de parte de las élites gobernantes (a pesar de que
numerosos gobiernos del cono sur han hecho bandera de la “concesión” de
derechos e inclusión a dichas comunidades); los altos índices de pobreza,
indigencia y desempleo no se han modificado a pesar del maquillaje brindado por
la continuidad de las políticas focalizadas y manipulación de la información
estadística; salvo Brasil –una potencia económica emergente con una burguesía
industrial férrea- en ningún otro país se ha dado un proceso de
reindustrialización; el número de bases militares norteamericanas ha aumentado
exponencialmente, así como también la militarización de las barriadas
periféricas y una creciente criminalización de la pobreza; aumentó el nivel de permisividad a las
concesiones a las trasnacionales, el aumento en el endeudamiento con los
organismos de crédito internacional han generado mayor dependencia hacia los
mismos, el cumplimiento de los mandatos de potencias como China y Estados Unidos
siguen incólumes. Pero entre los aspectos más delicados de la situación
política, social y económica se encuentra el nivel de sujeción y dependencia de
la región. La misma se encuentra comprometida en un proyecto de rapiña
capitalista de especulación de alcances catastróficos, donde el territorio y
sus recursos –otrora considerados improductivos- son el elemento de disputa.
Basándonos en nuestro marco analítico indicado
brevemente al principio, es imprescindible volver a observar que no vemos una
determinación exclusiva de las relaciones de dominación económicas en los
proyectos políticos instaurados en la región ni viceversa. Al contrario, podemos inferir que dentro de la clase
dominante existen diferentes proyectos en pugna o en coordinación. En este caso
los llamados Gobiernos del Socialismo del Siglo XXI, o los Gobiernos
“Populares” o de izquierda representan un proyecto político en sí mismo de un
sector de la clase dominante que poco o nada intenta confrontar con el proceso
extractivista que vienen llevando grupos económicos poderosos en la región y
del mundo. Contrariamente, parece existir un intercambio de favores que quizás,
por un lado, les habilita a los gobiernos denominados populares un modo de
financiación de la política pública y, por el otro, les permite a los capitales
trasnacionales la estabilidad necesaria en la región y bajos costos para la explotación
y exportación de los recursos locales.
Función de la
economía regional: Plan IIRSA y extractivismo
Todas estas señales de continuidad de un capitalismo
depredador –el único que existe- son síntoma de un proceso que se viene
llevando a cabo en Latinoamérica desde hace ya más de una década. La función
del Estado latinoamericano (sea conservador o “progresista”) ya no es meramente
la de ajustar y privatizar sino que su rol fundamental en esta nueva etapa del
neoliberalismo es la de flexibilizar las condiciones de explotación desmedida
de los suelos y la extracción y expoliación lasciva de cuanto recurso
energético y mineral exista en Latinoamérica, obviamente garantizando los bajos
costos y la eficiencia en el traslado.
Sin embargo, la regulación estatal para tales fines
no podía esta vez dar movimientos bruscos y retornar un clima de conflictividad
social a priori. Como hemos indicado en documentos anteriores, podemos
caracterizar al Estado en estos tiempos como generador de un consenso necesario
en la sociedad y creador de condiciones tales para que sus intereses (y los de
su clase) aparezcan como los intereses de todos. En este sentido, levantando las
banderas de la Soberanía Nacional, la –incomprobable- Reindustrialización y el
Desarrollismo, y la “Soberanía Energética”, los
Estados del llamado Socialismo del Siglo XXI se propusieron meterse de
lleno a este juego mundial determinado y dirigido por proyectos imperialistas.
Ese rol requirió la intervención estatal para garantizar -cueste lo que cueste-
la explotación y exportación de bienes primarios a gran escala solicitados por
el mercado internacional. Hidrocarburos como el gas y el petróleo, metales y
minerales como el cobre, el oro y la plata y productos alimenticios como el
maíz, la soja y el trigo, además de biocombustibles, son algunos de los
recursos y productos que evidencian una reorientación de las economías de la
región hacia las actividades primarias. En Sudamérica estos impulsos de
reordenamiento de las actividades de la región, en función de cubrir las
demandas de la economía global, responden en gran parte al proyecto denominado
IIRSA presentado por primera vez en una cumbre de presidentes en el año 2000.
Este megaproyecto continental de implementación silenciosa –con su símil Plan
Puebla Panamá en Caribe y América Central-, es dirigido por el gobierno
estadounidense y cuenta entre sus socios a Paul Wolfowitz (Banco Mundial),
Donald Rumsfeld (secretario de Defensa de EEUU), David Rockefeller, Henry A.
Kissinger, Alan Greenspan (Banco de la Reserva Federal de EEUU), Rodrigo Rato
(director del FMI), George Soros, el clan Rothschild y el magnate de la
Microsoft Bill Gates, entre otros.
El IIRSA, promovido desde sus orígenes por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y coordinado por la Corporación Andina de
Fomento (CAF) y el Fondo Financiero para el Desarrollo del Cuenca de Plata
(FONPLATA), fomenta y organiza la inversión en infraestructura y logística para
interconectar la región al comercio internacional que llevan adelante las
grandes transnacionales. La implementación principal del proyecto requiere el
desarrollo de una infraestructura tal para transporte terrestre, aéreo y
fluvial; oleoductos, gasoductos, puertos marítimos y fluviales, tendidos
eléctricos y de fibra óptica, centrales hidroeléctricas, megaminería, soja y
transgénicos. No obstante, el proyecto tiene diferentes etapas de
implementación para las diferentes regiones y sobre todo teniendo en cuenta el
recurso a explotar.
Como ya señalábamos más arriba los Estados
latinoamericanos vendieron este proceso en marcha como una ventana hacia el
desarrollo del continente, es decir una oportunidad única aprovechada por los
distintos gobiernos con el único fin de la integración de la región y el
desarrollo industrial y productivo de la misma. En la etapa actual la promesa
de mayor mano de obra a raíz de la demanda de la construcción de
infraestructura ha funcionado como golpe de efecto. La socióloga Maristela
Svampa señala, por el contrario, que “…por cada millón de dólares invertido, se
crean apenas entre 0,5 y 2 empleos directos…”[3]
En este sentido, otros estudios indican que a medida que vaya finalizando el
IIRSA en toda la región habrá una disminución significativa del empleo con
derivaciones negativas en la economía regional y las sociedades locales.
En consonancia con lo que venimos resaltando acerca
de los alcances del impacto del extractivismo llevado a cabo en la región,
están empezando a aflorar un sinfín de consecuencias sociales-medioambientales
negativas del proceso: desmonte y destrucción de zonas ricas en biodiversidad
para promover monocultivos de soja o plantaciones de pinos para celulosa,
agotamiento acelerado de los recursos no renovables como son el gas, el
petróleo y los minerales -aumentando a la larga el costo de vida de la
población local-, migración forzosa de la población rural hacia centros
urbanos, entre otros.
Los métodos utilizados para el saqueo continental
merecen un párrafo aparte. La fracturación hidráulica o fracking, utilizados para hacer salir el petróleo a grandes
profundidades no sólo utiliza miles de litros de agua mezclados con químicos y
arena sino que deja el lastre de altas cantidades de plomo y metano en la poca
agua que queda por utilizar en la zona afectada.
Numerosos grupos científicos y ambientalistas
advierten además sobre la explotación minera a cielo abierto. La misma afecta
grandes proporciones de superficie terrestre abriendo un cráter –para extraer
una pequeña cantidad de mineral-
utilizando importantes proporciones de cianuro dejando el agua del lugar
envenenada, generando inevitablemente el colapso de la agricultura local
(perdida de cosecha y animales muertos) y por ende como mencionamos
anteriormente un éxodo obligado de la población local.
Cabe aquí mencionar también el impacto de la
instalación de las represas hidroeléctricas (destrucción del ecosistema y
–nuevamente- desplazamiento forzoso de la población) o el modelo agrícola de
producción (semillas transgénica, fumigaciones aéreas masivas, siembra directa,
cancer y enfermedades respiratorias) dependiente de la multinacional Monsanto.
Desafortunadamente dentro de la gravedad del saqueo
trasnacional contamos con la sistemática violación a los derechos humanos en la
región: desde la irrupción a territorios de los pueblos originarios y
campesinos hasta la persecución, criminalización y muerte de la resistencia al
avasallamiento sobre la tierra, los recursos y la sociedad en su conjunto.
Resistencia
Latinoamericana frente al saqueo y farsa de socialismo de los de arriba
Podemos observar hasta aquí cómo el sistema
capitalista ha operado en esta región durante la última década mediante el
despliegue de relaciones de dominación económico-productivas y
político-jurídico-ideológicas en torno a la continuidad del modelo neoliberal y
su instancia extractivista. El trabajo cumplido hasta el momento por los
Estados de la UNASUR durante la actual aplicación del IIRSA ha permitido
resguardar con creces los intereses de la clase dominante. Sin embargo, este
despliegue ha generado nuevas resistencias y –por ende- conflictividad social
por parte de las clases oprimidas de América Latina y una lucha abierta por el
territorio, expresada en la movilización organizada de la población
directamente afectada por el saqueo y las consecuencias del mismo. Aquí
brevemente vamos a mencionar algunos actores en este proceso de resistencia
como lo son asambleas ambientalistas de Argentina (Esquel, Gualeguaychú, Famatina,
Tinogasta, entre otras), los campesinos/as sin tierra paraguayos y brasileros
que enfrentan el latifundio sojero, los pueblos originarios del TIPNIS
(Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure) boliviano, los del Parque
Yasuní-ITT ecuatoriano, los de la reserva Vaca Muerta argentina, los de la
Patagonia o los de la Amazonía sudamericana, y podríamos mencionar muchos más.
Párrafo aparte merecen algunos procesos de resistencia antisistémica que se
vinieron dando en algunos lugares en paralelo y que, particularmente, no han
tenido quizás relación directa con el proceso extractivista, pero sí con el
avance de los Estados latinoamericanos frente a las clases populares, como lo
son las luchas de los estudiantes y pueblos originarios chilenos, así como
también las movilizaciones populares por la gratuidad del transporte público y
contra la carestía de la vida en Brasil, todas con gran trascendencia mundial.
Con respecto al modelo extractivista, numerosas
puebladas han llegado a frenar parcialmente algunos tramos del Plan IIRSA y
boicotear el avance de las obras. Pero esta resistencia al desguace generó
inmediatamente una respuesta represiva por parte de los Estados
latinoamericanos, aquellos denominados de izquierda y también de los
conservadores. En este sentido, el aspecto militar-policial en las relaciones
de dominación y el control social requería estar resuelto en los albores de un
nuevo siglo. En Chile, Colombia y Paraguay –hoy Estados de corte conservador-
el asunto se va resolviendo como de costumbre, con represión explícita y miles
de presos políticos, procesados y asesinados. En los Estados “progresistas” a
los efectos tales de solapar un conflicto de clases e intereses, la persecución
a los nuevos agitadores contra el modelo extractivista y la ficción de la
Patria Grande, debió traer aparejada acusaciones políticas e ideológicas a los
mismos. Durante la última Cumbre de Jefes de Estado del ALBA –a fines del
pasado Julio-, los mandatarios acusan a la resistencia antiextractivista de
“extremistas”, “conspiradores”,
“desestabilizadores”, “golpistas”, “pro-imperialistas” y “asalariados de la
CIA”. El relato de los gobiernos acerca de este tipo de resistencias concluye
habitualmente en que la posición de las organizaciones rebeldes le hacen el “juego
a la derecha”.
Bajo esas acusaciones los Estados del cono sur
vienen perpetrando persecuciones, procesamientos y asesinatos a miembros de
organizaciones populares. Los pueblos originarios en Bolivia que defienden el
TIPNIS periódicamente son reprimidos por la policía del Gobierno de Evo Morales
y tienen centenares de procesados y detenidos por dicha causa.
En Venezuela durante el gobierno de Chávez, además
de la detención y extradición a Colombia de una decena de luchadores de ese
país cuando Maduro era Ministro de Relaciones Exteriores, se produjo el
asesinato del cacique yukpa Sabino Romero, uno de los tantos referentes
indígenas enfrentados a los terratenientes ganaderos. La responsabilidad del
gobierno en el asesinato quedó al descubierto en investigaciones posteriores.
En Ecuador, donde Correa es presidente, desde hace ya tiempo se arman causas
bajo la figura de “sabotaje y terrorismo”, estando ya procesadas más de 200
personas, en su mayoría militantes contra la megaminería. En Brasil en el marco
de los desalojos y la represión contra los campesinos sin tierra, el Gobierno
asesina a Eltom Brum da Silva, militante del MST. Recientemente se llevó a
cabo, no sólo la represión a las últimas movilizaciones masivas
antigubernamentales, sino que además se le sumó la persecución política y
hostigamiento a organizaciones anarquistas y antisistémicas (sospechadas de
haber impulsado las protestas). En Perú hubieron más de una treintena de
originarios asesinados en la región de Bagua (Amazonía peruana) durante el
gobierno de Alan García, y desde el 2011 -cuando asume Ollanta Humala- se
produjeron al menos 25 asesinatos durante la resistencia al proyecto Conga en
Cajamarca.[4]
En Argentina –donde el Kirchnerismo maneja mayoritariamente un modelo de
represión tercerizada[5]-
podemos mencionar la violencia contra los ambientalistas de Famatina, Tinogasta
y recientemente a los originarios mapuches que rechazan el fracking en Vaca
Muerta (Neuquén), los asesinatos selectivos de dos campesinos sin tierra en
Santiago del Estero y de mas de 10 originarios Qom de Formosa y Chaco
–comunidades que resisten hace años el avance del latifundio y el modelo
sojero-. Vale agregar la situación en Uruguay de un gobierno que no sólo
garantizó la impunidad de la dictadura, sino que recientemente avanzó en la
infiltración policial de las manifestaciones por derechos humanos y la
detención ilegal de 12 manifestantes.
Balance y
perspectiva libertaria
En función de poder pasar en limpio el proceso que
se dio en la última década en nuestro continente solo podemos agregar breves
conclusiones del mismo. Por un lado, sectores de la clase dominante resolvieron
temporalmente el problema de la inestabilidad institucional de la región
provocado por las recetas de ajuste neoliberales de la década de los 90´. La
clase dominante logró reconstruir la representación -mítica en nuestro
continente- del Estado interventor y regulador y de un proyecto de izquierda
nacional que evadiera cualquier antagonismo de clase heredado de la década
anterior. A su vez, comenzó a delinear y facilitar un proceso de mejoramiento
infraestructural para que las trasnacionales y los Estados más poderosos
terminaran de llevarse los recursos que quedan en un continente plagado de
biodiversidad.
En otro orden, quedó al descubierto la política de
derechos humanos de los gobiernos de izquierda (los de derecha ya habían tomado
posición hace rato), donde el negocio y la razón de Estado valen más que la
salud y el bienestar de toda la sociedad. Un sinnúmero de organizaciones
sociales sucumbieron o fueron divididas ante la propuesta de construcción desde
arriba y por dentro del Estado. La clase dominante de la región apostó como era
de prever a la inclusión de la región dentro del capitalismo mundial en un
proyecto de ganancia y especulación a corto plazo. Los grandes perjudicados
fueron los pueblos de la región, que no vacilaron en salir a dar las primeras
batallas contra el modelo de saqueo y dominación. La defensa de los recursos y
de la vida frente a los proyectos imperialistas, no sólo no es impulsada por
los autodenominados “antiimperialistas” sino que han sido los pueblos
originarios, campesinos, vecinos, asambleistas, piqueteros y estudiantes
quienes han puesto el cuerpo frente a tanta impunidad en tan poco tiempo. Si
algo esta quedando nuevamente claro (a pesar del olvido del fracaso de los
proyectos estatistas de la izquierda) es que los proyectos emancipatorios de la
sociedad no pueden ni deben depender del Estado si realmente quieren ser
emancipatorios. En Latinoamérica nuevamente la coyuntura nos está invitando a
pensar la importancia de la autonomía en las organizaciones populares y la
independencia de clase a la hora de llevar a cabo la lucha revolucionaria. Esta
claro que no es lo mismo organizarse en tiempos de un gobierno abiertamente
represor como el chileno o el colombiano –o una dictadura- que un gobierno que
se adjudica la defensa de los derechos
humanos y la representación de un proyecto socialista. Esos períodos
determinados por la institucionalidad progresista son especiales para potenciar
y desarrollar organizaciones de base. En tiempos de ajuste y represión seguro
se hace siempre más difícil y peligroso. Sin embargo, la posibilidad de ocupar
lugares, grietas o trincheras en las instituciones es siempre una trampa que
ofrece el mismo sistema de dominación. En un continente donde la figura del
caudillo viene para intervenir en la historia en momentos excepcionales cuando
la institución del sistema de dominio está en peligro, la administración de la
sociedad por parte del pueblo y el protagonismo colectivo de los de abajo en
esa búsqueda aparecen siempre como una alternativa seria de transformación
social. La construcción paulatina de un pueblo fuerte y un poder autogestivo es
el camino que elegimos los y las de abajo en esta ambigua coyuntura
latinoamericana.
FUENTES
"Sobre la Declaración de Guayaquil: ALBA y
extractivismo" - José Javier Franco publicado el 2/6/2013 en LaGuarura.net
"IIRSA: Integración de A. Latina para mercados
y privatizaciones" - Fernando Arellano Ortiz publicado el 3/8/2006 en
ALAI, América Latina en Movimiento
"UNASUR y la IIRSA reunidos en Brasil para
fortalecer el saqueo a los pueblos" - LaGuarura.net 25/4/2011
"IIRSA: ¿Plan de infraestructura o saqueo
organizado?" - Mauro Restifo publicado el 19/3/2013 en SURsuelo
"La Iniciativa para la Integración de la
Infraestructura Regional en Sudamérica (Iirsa) Neoliberalismo de Izquierda, la
Nueva Era del Capital" - Coordinadora por la Autodeterminación de los
Pueblos publicado el 30/5/2011 en patriainsurgente.nuevaradio.
"Anarquismo y extractivismo" - Uzcátegui Rafael publicado el 18/11/2011 en
El Libertario
“Los de Abajo viviremos en Crisis mientras exista
el Estado y el capitalismo” Documento anarquista de análisis y coyuntura –
Columna Libertaria Joaquín Penina - Argentina, Marzo 2012
"Proyecto IIRSA ,El mega proyecto para el
saqueo en América del Sur" - Cooperación en red EuroAmericana para el
Desarrollo Sostenible
“Extractivismo en América Latina. El Consenso de
los Commodities" - Maristella Svampa publicado en Le Monde Diplomatique
9/7/2013.
“Declaración de Principios FACA-Columnas" -
publicado en http://columnalibertaria.
[1] “Declaración de Principios" -.
http://columnalibertaria.
[2] Pueblo entendido como conglomerado de clases oprimidas.
[3] “Extractivismo en América Latina. El
Consenso de los Commodities. Le Monde Diplomatique 9/7/2013.
[4] El
Proyecto Conga/Yanacocha es un intento de explotación de oro a cargo de la
minera Yanacocha, cuyo principal accionista es la estadounidense Newmont. El
mismo esta previsto en la provincia de Cajamarca y tiene como principales
afectados a las zonas mas pobres de esa provincia, que no solo no verá los
réditos económicos del mineral extraído sino que el agua de la región llegará a
desaparecer casi por completo, quedando los últimos reservorios completamente
contaminados.
[5]
Aquí es necesario indicar cómo el proyecto Kirchnerista en su década en le
poder ha venido delegando la mayoría de las intervenciones represivas a aliados
del mismo gobierno para no pagar un costo político: patotas de la UOCRA en
Chubut arremeten contra asambleas ambientalistas, patotas de la Unión
Ferroviaria asesinan a Mariano Ferreyra por un conflicto con tercerizados, la
Policía de Catamarca y La Rioja también reprime asambleas ambientalistas, la
Policía de Chaco, Formosa y Neuquén avanza contra Pueblos Originarios, la
Policía de Río Negro reprime y asesina durante puebladas en Bariloche y
encarcela a piqueteros de la misma localidad.
En estos últimos meses candidatos
electorales de la derecha le empezaron a disputar el voto, por lo que el
gobierno decidió salir a jugar esa ficha poniéndose al frente de la represión a
través del envío de centenares de gendarmes al conurbano bonaerense, miles de
policías a las calles de las provincias aliadas, proyectos para bajar la edad
de imputabilidad, y ascensos de conocidos represores al sistema carcelario y el
Ejército inclusive.
