sábado, 4 de abril de 2020

FRENTE A LA PANDEMIA CAPITALISTA, SOLIDARIDAD ENTRE LOS PUEBLOS Análisis de coyuntura. Abril 2020

FRENTE A LA PANDEMIA CAPITALISTA,
SOLIDARIDAD ENTRE LOS PUEBLOS
Análisis de coyuntura. Abril 2020

El 2020 se inicia con algunas modificaciones a nivel de la región pero sobre todo
con la continuidad de la inmensa movilización del pueblo chileno, esa revuelta popular
que lleva ya bastante más de 100 días, ha modificado la situación social y política de
dicho país, pero también de la región. Abre un nuevo escenario y se inscribe, como
decíamos en anteriores análisis, en la oleada de movilizaciones que vienen
desplegando los pueblos latinoamericanos (Haití, Ecuador y en otros países con menor
intensidad). Son tiempos de pueblos en la calle, son tiempos de lucha.
Al mismo tiempo, empieza en el mundo una crisis económica que se profundiza
con el coronavirus y su impacto en los mercados internacionales. La cuestión del
petróleo y sus efectos en las economías periféricas de Latinoamérica también pueden
impactar en el costo de vida y la legitimidad de la tecnocracia ultraliberal que sigue
como parte de esta nueva fase en nuestro continente.
Pero también, la pandemia del coronavirus trae una serie de cambios en esta
etapa que es difícil y prematuro estimar su calado. Sin embargo, su impacto nos obliga
a hablar de una situación nueva, una etapa global que está cambiando con una política
de control de grandes poblaciones y aumento de medidas represivas, donde se hacen
evidentes además los estragos ocasionados por más de tres décadas de neoliberalismo
con el desmantelamiento de la salud pública y la seguridad social.
Dividiremos este análisis de coyuntura en dos secciones: una primera abordando
la movilización en Chile y los cambios políticos y sociales en el continente y una
segunda con un análisis primario acerca de la nueva coyuntura desatada a partir de la
expansión del Covid-19.
CHILE: LA REVUELTA POPULAR QUE ABRE UNA NUEVA ETAPA
"(…) una Asamblea Constituyente es el medio utilizado por las clases
privilegiadas, cuando una dictadura no es posible, ya sea para prevenir una revolución,
o, cuando una revolución ya ha estallado, para detener su progreso con la excusa de
legalizarla, y retirar muchos de los posibles logros que el pueblo haya obtenido durante
el período insurreccional” (E. Malatesta, 1930)
El pueblo chileno lleva seis meses de revuelta social en la calle. A lo largo y
ancho del país se han desarrollado protestas desde el 18 de octubre, día en que
Santiago colapsó. La gota que derramó el vaso fue el aumento del pasaje de metro, y
fue el movimiento estudiantil quien encendió la mecha de la rebeldía. Los molinetes
eran saltados por miles de jóvenes ante las caras de impotencia de los carabineros.
Rápidamente la protesta estudiantil ganó simpatías importantes en el seno del pueblo,
al punto tal de que otros sectores se fueron sumando a la misma, y de las estaciones
de metro la protesta saltó a las calles.
La represión del estado no se hizo esperar: decreto de Estado de Sitio para
Santiago y la región metropolitana. Pero la rebeldía se extendió rápidamente y en los
días siguientes todo el país estaba alzado y se ampliaría el Estado de Sitio y toque de
queda a toda la geografía chilena.
Millones de personas en las calles a lo largo de estos seis meses -como se
evidenció el pasado 8 de marzo en Santiago-, y también miles de barricadas,
asambleas territoriales, los movimientos sociales saliendo a la calle, sindicatos en pie
de lucha -especialmente la Unión Portuaria- y un amplio desarrollo de actividades y
medidas de lucha cotidianas. Entre ellas, la ocupación de Plaza Italia, convertida ahora
en Plaza Dignidad.
El pueblo chileno dijo basta a treinta años de neoliberalismo, herencia de la
dictadura. Se quebraba así el miedo y la gente salía a la calle en forma masiva por
TODO, ya no solo por un reclamo sectorial, tal como vimos importantes luchas
estudiantiles, feministas, ecológicas, etc., en años anteriores.
Así, esta crisis del experimento neoliberal chileno puede caracterizarse como
la respuesta de los sectores populares a una radicalización de los niveles de
precarización de la vida o una crisis de reproducción de la vida ejercida desde los
sectores dominantes, y que desde hace décadas tiene consecuencias concretas en
nuestros cuerpos y territorios. Los altos niveles de endeudamiento, la pérdida de
derechos sociales, la sobreexplotación, la flexibilización laboral, la nula seguridad
social, el despojo del agua y la tierra, el ascenso de los feminicidios, no hicieron más
que hacer explotar esta olla a presión de décadas de abusos e injusticias. La respuesta
de la clase dominante no se hizo esperar, tanto en el plano represivo como en el
político institucional. Inmediatamente iniciada la revuelta, el Estado profundizó su
carácter autoritario disfrazado de democracia. Ya son conocidas las aberrantes cifras
que ha dejado el terrorismo de Estado en la región: en datos del Instituto Nacional de
Derechos Humanos a febrero 2020, existirían, 3.765 personas heridas, 10.365 persona
detenidas, cerca de 2.500 prisioneros y prisioneras políticas, 411 personas con lesión
ocular, 34 personas con estallido ocular o perdida de la visión, 1.541 vulneraciones a
los derechos humanos denunciadas, de las cuales 192 corresponden a violencia político
sexual y una cuarentena de personas muertas. Complementando lo anterior en este
par de semanas transcurridas de marzo, ya hay tres personas asesinadas por agentes
del Estado, quienes también siguen mutilando, torturando y encarcelando.
El gobierno y los partidos de derecha buscaron una salida que no sólo permitiera
salvar al modelo neoliberal sino al propio sistema capitalista en Chile e idearon una
salida vía reforma constitucional. La burguesía chilena se disponía a "sacrificar" parte
de la Constitución de 1990 herencia de la dictadura pinochetista. Pero sólo están
dispuestas a maquillar dicha Constitución en una Asamblea Constituyente.
Lamentablemente, dicha propuesta lanzada por y desde arriba fue recogida por
diversas organizaciones de izquierda, que comenzaron a jugar en el terreno que el
sistema quería y necesitaba.
Así, la firma del acuerdo "por la paz y la nueva constitución" del día 15 de
noviembre, marca una posición unitaria de los partidos del orden (conservadores,
liberales y progresistas, desde la UDI hasta el Frente Amplio) en pos de la mantención
del Estado de Derecho, la institucionalidad heredada de la Dictadura y la advertencia
de una posible salida de los militares a la calle pero esta vez con impunidad
garantizada, frente a la masividad de la protesta y la intensificación de la acción
directa en el marco de un llamado de huelga general a principios de marzo.
El hecho de que hasta hoy las movilizaciones continúen a pesar de los
oportunistas de siempre, quienes se han sentado una vez más en la mesa de la
burguesía a pactar sobre nuestras vidas, marca un elemento importante de esta
revuelta y entrega orientaciones a tener en cuenta para lo que viene en los meses
siguientes. A pesar de los intentos por parte del bloque dominante por disminuir la
conflictividad social y los llamados de gran parte de la izquierda a canalizar el
descontento en el proceso constituyente iniciado desde arriba, la profundidad de la
crisis social expresada en altos grados de precarización de la población y el
descontento social como respuesta a esto, difícilmente va a ser controlada o
disminuida por algún paquete legislativo o la inyección de recursos en algún área
prioritaria (salud, educación, previsión). A nuestro entender, uno de los grandes temas
que sustentan la movilización y la simpatía hacia ésta, es la inexistencia de derechos
sociales, sumado al saqueo del agua y la destrucción de los ecosistemas.
Son tiempos de creatividad y audacia, el conflicto seguirá abierto y
seguramente se profundizarán las acciones que reúnan, que aúnen posiciones y que
apunten a crear pueblos fuertes; las calles seguirán llenas de gente, gran parte de los
oprimidos y las oprimidas ya han aprendido que la movilización y la organización son
claves en la recuperación de la vida, es tiempo de generar alternativas organizativas
que apunten a fortalecer el protagonismo popular, la organización y la acción directa
y no por el contrario, atajos constitucionales que van a oxigenar la dominación en la
región chilena.
Ya sabemos que lo que al principio partía al parecer de manera espontánea, en
donde ninguna organización podía auto-designarse como vocera del movimiento, se ha
ido transformando en un período fecundo para la politización de territorios, para la
irrupción de nuevas organizaciones y variadas expresiones de lucha para los diversos
problemas de la vida social (especial atención merece el surgimiento por doquier de
asambleas territoriales), en donde además se han ido legitimando la autodefensa, la
acción directa y la movilización como herramienta de lucha.
Por todo esto decimos que solo vemos al "proceso constituyente" como un
proceso restituyente, el cual viene solamente a dar una salida institucional al
conflicto, que, por cierto, operará en función de los intereses de la clase dominante.
Este proceso viene a reconstituir el poder del Estado y sus instituciones puestas en
total descrédito luego del estallido de la revuelta, por tanto, este proceso es más una
necesidad de la burguesía que de los oprimidos y las oprimidas.
Por consiguiente, apostar por este proceso constitucional al calor de esta
revuelta social, no es más que entregar el destino de este movimiento a quienes nos
oprimen. Una nueva constitución no cambiará las relaciones de poder en la región
chilena, tampoco es garantía de derechos sociales y de una vida digna.
La pregunta que nos hacemos es: ¿fortalecemos un proceso institucional por
arriba o ponemos todas nuestras fuerzas en la construcción de poder popular desde
abajo? Lógicamente, optamos por lo segundo, siempre. La disputa no está en el terreno
de las instituciones sino en lo que el pueblo sea capaz de desarrollar para derribar el
sistema capitalista e ir construyendo una nueva sociedad.
La etapa está abierta y las revueltas y movilizaciones populares que han
sacudido buena parte de América Latina (además de Chile, también en Ecuador, Haití
y Colombia) continuarán seguramente en breve.
Lo único que no tiene futuro es continuar apostando, como hace parte de la
izquierda, al juego dentro del sistema. Allí solo se reivindica la democracia burguesa
y al capitalismo y se votan leyes represivas, tal como ocurrió en Chile por buena parte
de esa izquierda que pretende transformar algo con esas herramientas que sólo sirven
para perpetuar un orden de privilegios.
La única salida es fortalecer al pueblo y sus organizaciones, abrir cauces a las
luchas populares y construir un Frente de Clases Oprimidas que reúna esas expresiones
y se postule la ruptura de este injusto sistema.
ANTE LA PANDEMIA CAPITALISTA, SOLIDARIDAD ENTRE LOS PUEBLOS
Vivimos un momento que parece constituir una bisagra histórica, una nueva
cepa de un virus de la gripe, el SARS-CoV-2, que conmociona al mundo entero, cerrando
fronteras, golpeando fuertemente la economía global y causando la muerte de miles
de personas. Nos parece importante, desde el Anarquismo Organizado ir elaborando -
aunque sea preliminarmente- algunos análisis y líneas de acción sobre los efectos que
está teniendo y puede tener esta crisis en el campo social-político.
La aparición y propagación del virus pone al descubierto, una vez más, el
rotundo fracaso del sistema capitalista, mostrando sus facetas más crueles, inhumanas
y peligrosas para las clases oprimidas. En primer lugar pone de relieve que los avances
tecnológicos en el ámbito de la salud, no han podido prevenir ni contrarrestar este
fenómeno, dando cuenta que los billonarios recursos sociales que administran las
empresas farmacéuticas y de salud no están puestos en mejorar la calidad de vida de
los y las habitantes y prevenir enfermedades sino en maximizar sus ganancias, aquí no
hay más que sentido común capitalista, pero que tiene sus efectos en la crisis de salud
que se está viviendo en el mundo entero.
Esta pandemia no es un castigo divino o una "prueba a la humanidad", es una
expresión de la crisis civilizatoria-ecológica que azota a nuestro planeta. La
mantención de las ganancias capitalistas genera que ecosistemas enteros sean
arrasados, la optimización genera que se eliminen los genomas "no productivos", y la
mercantilización de cuerpos y territorios hace que la posibilidad de que un virus mortal
elimine a un porcentaje de la población mundial sea un riesgo que se asume en pos
de la mantención de la economía mundial.
Estamos en un punto de quiebre, en donde la humanidad se debate en la
continuidad del sistema de dominación capitalista o la vida.
Por otro lado, no es menor el dato de que el coronavirus tiene efectos
devastadores sobre la población más golpeada de los últimos años: la que supera los
60 años. Esto tanto en términos de salud, a partir de la falta de vacunas, el incremento
en los medicamentos, el abandono de una parte importante de tratamientos, así como
también en el sistema previsional, donde ha sido el sector históricamente más
castigado, teniendo como referencia inmediata la antipopular reforma jubilatoria de
Macri de 2017, y su modificación durante el actual Gobierno, para el caso argentino,
su completa privatización en Chile siguiendo el modelo norteamericano, los recortes
al Sistema Único de Salud (SUS) en Brasil, etc. El campo popular debería, en este
sentido, buscar que se juzguen como criminales algunas de las reformas más recientes,
así resuena la eliminación del Ministerio de Salud por el anterior gobierno argentino
como un crimen contra la salud pública, que tuvo como consecuencia inmediata el
rebrote de sarampión, una enfermedad que había sido extinguida en Latinoamérica. A
las claras, la población adulta mayor es la población “sobrante” de un sistema social
que viene colapsando. Con todo lo hasta aquí expuesto, queda en claro que la vida y
la salud son un negocio, más que un derecho.
En la región latinoamericana, la clase trabajadora más precarizada y
empobrecida será, sin lugar a dudas, la víctima principal de la situación generada por
la pandemia. Así serán golpeadas personas que no cuentan con alcantarillado y agua
potable, viéndose imposibilitadas de atender muchas de las medidas higiénicas
necesarias, las familias hacinadas en piezas e inquilinatos no pueden atender el
aislamiento preventivo, las decenas de miles de personas en situación de calle no
cuentan con un hogar donde resguardarse, las y los trabajadores independientes que
ganan su sustento diario no pueden atender los llamados al confinamiento o la
población privada de libertad que sufre el hacinamiento, el trato cruel y la
desprotección planificada.
En consonancia con esta idea, la historia nos ha mostrado que en más de una
oportunidad, las enfermedades y el control sobre nuestros cuerpos, ha sido utilizado
por los distintos Estados como arma en función de sus intereses imperialistas. Además
de los conocidos experimentos del nazismo, en América Latina tuvimos casos
emblemáticos como la inoculación de sífilis en la población guatemalteca por parte
del Ejército estadounidense. Semejantes aberraciones solo son posibles en un orden
social capitalista, y que hace a más de uno dudar sobre el origen particular de este
virus, en el seno de una de las potencias imperialistas que viene disputando el orden
mundial. Diversas teorías han circulado que abonan en este sentido y desnudan la
crueldad del sistema y sus políticas imperiales.
La respuesta del arriba. Estados de Excepción
Junto a la crisis sanitaria que hoy vivimos, vale poner en relevancia los
mecanismos que han utilizado los distintos Estados para contener la pandemia. Para el
Anarquismo Organizado este es un elemento clave en las proyecciones políticas que
podamos asumir a mediano y largo plazo. El pánico, el miedo y el desconcierto han
fortalecido el discurso totalitario de la crisis sanitaria. En este sentido, las medidas
más restrictivas y represivas se posicionan a nivel de Estado como las más efectivas
para contener un virus que se esparce en miles de personas cada día, desarrollando un
discurso bélico, patriotero y que desconoce las clases sociales.
Asimismo, países con la capacidad de centralizar la economía y restringir
severamente las libertades de su población, tal como el caso de China, refuerzan su
modelo de gestión estatista del capital, ante un neoliberalismo que hace agua en
Europa, Estados Unidos y América Latina, donde la imposibilidad de paralizar la
economía hace inocua cualquier medida de contención al virus. En consecuencia,
asistimos a una disputa dentro de la clase dominante, en donde el modelo de gestión
neoliberal y centralista se baten en un duelo a muerte para decidir quién liderará una
nueva fase en la historia del sistema capitalista.
Las clases oprimidas deben estar alertas, el Estado de Excepción Permanente
se refuerza e indistintamente los Estados del mundo sacan a la calle a los militares,
otorgándoles poder de gestión, planificación y acción en esta crisis. Un claro ejemplo
de esto es el actual toque de queda instaurado en la región chilena, que va desde las
22 hasta las 05 horas, con la única función de controlar las calles, reprimir y volver a
tener presencia en poblaciones y avenidas en donde desde la revuelta social del 18 de
octubre, no tenían mayor capacidad operativa. Al día de hoy ya van más de 300
detenidos y detenidas por el toque de queda, que sin duda no son del barrio alto sino
de los barrios populares. Algo similar ocurre en Argentina donde las personas detenidas
superan los 3200 y también en otros países como Perú y Paraguay. Los militares en las
calles no aportan en nada al control del virus, es solo la garantía de contención a una
clase oprimida cansada del gobierno y su política genocida.
Consecuencias sociales y más represión
El impacto social y económico de la rápida propagación del coronavirus está
quedando en evidencia. Por un lado, sabemos que el freno de la economía mundial lo
pagaremos los y las de abajo. Ya en los países donde el virus está más esparcido se han
producido despidos y reducción de salarios, y ni que hablar de los efectos arrasadores
que está teniendo en los sectores desocupados y precarizados. En Uruguay, en los
primeros días, de más de 21 mil envíos al seguro de paro, más de 3500 eran despidos,
es decir un 15% .Al momento de escribir, los envíos al seguro de paro totalizan más de
60 mil. En Argentina, a la fragilidad producto de la deuda pública, y la intención del
gobierno de pagarla a costa del pueblo, se le sumará el daño que genera esta
pandemia, que expresa la debilidad de un orden económico que tiene a casi el 50% de
la población en la pobreza, y una tasa altísima de trabajadores y trabajadoras
precarizadas, a quienes el aislamiento está afectando de sobremanera al verse
restringidas sus fuentes de supervivencia . De la misma forma, el sector privado
evidencia el saldo de despidos que la crisis va a dejar para salvar las ganancias
patronales como queda evidente en el intento de despido de 1500 trabajadores y
trabajadoras de la multinacional Techint en Argentina.
Mientras se propaga el virus, la clase dominante se atiende en clínicas privadas
con la mejor tecnología disponible a un altísimo precio, y por otro lado, nuestra clase
debe tratarse en hospitales carentes de insumos médicos, personal y recursos. Mientras
nuestra clase aborda con miedo el sistema de transporte atestado de gente, la clase
dominante va a pasar su cuarentena a sus casas de veraneo en las playas más
exclusivas. Mientas la incertidumbre económica ronda los hogares de nuestra clase, la
burguesía acapara alimentos y productos de higiene. Incluso en Chile, comunidades
enteras no disponen de agua para la higiene como en Petorca, mientras que en esos
mismos territorios, latifundistas y trasnacionales acumulan agua para sus proyectos
extractivistas en la producción y comercialización de palta. Cabe destacar en el caso
de Chile, que los exámenes de Covid-19 son pagos, costando 30 dólares
aproximadamente, siendo el único país de Latinoamérica que cobra el examen, al cual,
claro está, solo acceden los sectores pudientes.
Por otro lado, la restricción de derechos políticos y mecanismos de control
social más agresivos avanzan, ganando consenso social como única forma de garantizar
el freno de la pandemia. Todo esto dentro del marco de una supuesta democracia, que
fácilmente se modula hacia estados de excepción, imitando las técnicas de control de
la tan cuestionada dictadura del PC Chino.
Veamos el caso argentino a modo de ejemplo: con el decreto de cuarentena y
aislamiento social obligatorio que Alberto Fernández sancionó el 19 de marzo, se
cristaliza el carácter represivo de la estrategia de contención de la pandemia. Se
anunció la salida a las calles de todas las fuerzas represivas, incluido el ejército.
Configurando un virtual–por ahora, ya que puede ser establecido prontamente- Estado
de sitio, dejando a la población a merced de la violencia diaria que ejerce el aparato
represivo con la excusa de frenar el avance del virus. Sabemos que estos dispositivos
de control social se van a llenar de recursos y experiencia, y que habrá que ver si son
deshabilitados una vez terminada la pandemia. Estimamos que salvo se pongan en
marcha otras formas solidarias y desde abajo para contener la propagación del virus,
el control y la represión servirán como mecanismo para “contener” también el posible
descontento que generen los efectos de esta crisis y que persistirán una vez
terminada. Mientras tanto, el despliegue de las fuerzas represivas por todo el territorio
está dejando indefenso al grueso de las organizaciones de los sectores populares.
En los hechos, ya hubo un adelanto con la represión desatada por Rodríguez
Larreta contra las y los manteros, que devino en la muerte de la vendedora ambulante
Beatriz Mechato, y la posterior detención de Juan Grabois y 12 militantes más de la
CTEP. En este sentido, Alberto Fernández decidió expresar la decisión de la cuarentena
general con una conferencia pública junto no solo a Rodríguez Larreta, sino también
al Gobernador Morales, responsable del encarcelamiento de Milagros Sala. Un acto
cargado de simbolismo que busca mostrar la unidad de la clase política a la hora de
defender y reafirmar la autoridad estatal en estas circunstancias, dejando de lado
cualquier diferencia que haya en materia de derechos humanos o políticos. No es
tampoco casual la arenga fascistoide de Berni a la Policía Bonaerense, sin nada que
envidiarle a la cuestionada gestión de la represora Bullrich.
En Argentina, ya en estos primeros días de cuarentena se suman miles de
detenciones por circular, lo que demuestra la disposición de los gobiernos provinciales
y nacional para llenar las comisarías y cárceles que ya funcionan con grandes niveles
de hacinamiento corriendo altos riesgos de contagio, como fue visibilizado por los
motines que protagonizaron los internos de la cárcel de Bower en Córdoba. Se
profundiza, entonces, el ataque a los DDHH de los cuales se jacta en su retórica el
kirchnerismo. Sobre esto debemos recalcar que la Gendarmería que patrulla las calles
es la misma que recientemente asesinó a Maldonado, que la Prefectura que realiza los
controles es la misma que fusilara por la espalda a Rafael Nahuel, y que las policías
provinciales son las responsables de miles de casos de gatillo fácil a lo largo y ancho
del país.
Las trabajadoras en primera línea.
Que sigan trabajando o que estén en su casa, las mujeres están en primera línea
en la lucha contra la pandemia, pero también las primeras víctimas de la crisis sanitaria
actual.
La crisis destaca el rol esencial de ciertos sectores de actividades (salud,
educación, preescolar, ocupaciones del cuidado, agro-alimentario y distribución,
limpieza, trabajo social, transportes y entrega, etc.). Sin embargo, son mujeres, la
mayoría de las veces mal pagadas y precarizadas, que principalmente trabajan en la
mayor parte de estos sectores.
Con esta crisis la población descubre de nuevo las profesiones útiles
socialmente, las que no se puede prescindir y que responden a las necesidades
esenciales de todos y todas.
En todos estos sectores, las trabajadoras enfrentan a una doble pena. No sólo
deben seguir trabajando con el riesgo de contaminarse y de contaminar a su familia
por falta de protección adecuada y de consignas de higiene claras. También, tienen
problemas con la gestión del cuidado de sus propios hijos e hijas en razón de los
horarios atípicos y aun mas cuando están en situación de familia monoparental.
El desigual reparto de las tareas no va a resolverse por el hecho del
confinamiento. Recordemos que las mujeres garantizan la mayoría de las tareas
domésticas y del cuidado de los niños y las niñas, también cuando están en pareja. En
el caso en que los padres están en teletrabajo, ¡se
imagina fácilmente cómo pueden repartirse las tareas en las parejas en las que ya son
atendidas por las mujeres el resto del tiempo! Son las madres las que acompañan a sus
hijos e hijas y hacen el seguimiento de los deberes y se añade a eso el tratamiento de
las tareas domésticas que no dejan mucho tiempo al teletrabajo para las que pueden
pretenderlo.
El confinamiento generalizado represente un riesgo suplementario para las que
viven violencias en el seno de la pareja. Las asociaciones especializadas, que
acompañan a las mujeres víctimas de violencias, dan la voz de alarma desde el anuncio
del confinamiento. La ausencia de momento de descanso que representaban los
períodos de horarios de trabajo al exterior de las víctimas y/o de los agresores, la vida
común de forma continua, van matemáticamente aumentar el número de actos de
violencia (que sean psicológicas, físicas o sexuales). En un contexto de aislamiento
total, en el que la palabra clave es no salir (y sobretodo sin sus niños y niñas), sin
posibilidades de esconderse para llamar a las asociaciones, a líneas directas, la
vigilancia y la intervención de los y las vecinas son cruciales. Más que nunca la
expulsión del cónyuge violento debe ser la regla para proteger a las mujeres pero
también a sus hijos e hijas, pues hoy, por ejemplo en Francia, son testigos pero
también co-víctimas de la violencia machista.
Si el confinamiento es necesario para frenar la propagación de la epidemia, no
se puede hacer sin medidas específicas para las mujeres víctimas de violencias
patriarcales. Por todas partes, seamos vigilantes y solidaricémonos para que este
período de confinamiento no sea insoportable para mujeres.
Podemos decirlo desde ahora: de ninguna manera las trabajadoras pagarán esta
crisis. Ni por un regreso masivo de las mujeres a casa, ni por el debilitamiento del
código del trabajo. ¡Nuestras luchas colectivas deben estar a la altura de las
circunstancias actuales!
Brasil: crisis política a punto de estallar en medio de la pandemia
En Brasil el gobierno de Bolsonaro sigue con sus prédicas ultraliberales,
burguesas, irracionales y anticientíficas en medio a la pandemia del coronavirus.
Bolsonaro, cada vez más aislado, se opone a la cuarentena social y enfrenta
resistencias dentro de su base de apoyo. Cuando empiezó la crisis de coronavirus, el
gobierno coqueteó con intentos golpistas, movilizando sus bases reaccionarias y
militares en defensa de sus políticas ultraliberales y autoritarias contra el corrupto
congreso brasileño. También, mencionó el Estado de Sitio para agitar sus bases
militares en medio a la pandemia y recibir apoyo político. Sigue con este modelo de
hacer política que usa la movilización de su base social de extrema-derecha para lograr
sus objetivos reaccionarios y que, en medio de la pandemia, reproduce teorías
irracionales y conspiratorias de que el virus es apenas una histeria de los medios.
La economía brasilera, ya antes de la pandemia, venía con bajo crecimiento y
el aumento del costo de vida. La total incapacidad del neoliberalismo brasileño para
mitigar los efectos de la crisis, desarrollan mejores condiciones para que el pueblo se
oponga al proyecto neoliberal de Paulo Guedes y Bolsonaro en medio plazo, pues el
discurso oficial del gobierno y el apoyo de los medios, prometían que con los recortes
y saqueo de derechos de los y las de abajo, la economía brasileña crecería
sustancialmente. Mismo con el desgaste de la solución neoliberal, el gobierno de
Bolsonaro fue incapaz de proponer soluciones fuera de su cartilla económica, y sigue
apoyando que las y los trabajadores paguen por la pandemia. Peor, Bolsonaro y sus
apoyadores más fanáticos, junto con sectores de la burguesía, empezaron una campaña
contra el aislamiento social, con un discurso demagógico de defensa de los empleos y
de la economía. Aunque no desarrollan ninguna alternativa económica para los y las
de abajo y los sectores precarizados, el ejecutivo sigue con la tensión de contrariar las
resoluciones médicas y proponen el fin de la cuarentena.
La campaña “El Brasil no puede parar” fue impulsada por la familia Bolsonaro
y la extrema-derecha por la difusión masiva de “fakenews” en los software de
comunicación y sigue la lógica de que los y las de abajo paguen con su vida, con hambre
o con sus sueldos la crisis. En los medios, la idea de impeachment empieza a mostrarse
en los diarios y la clase dominante y la burguesía discute silenciosamente opciones
para actualizar el marco de sistema de dominación, obviamente, con pérdida para la
clase trabajadora. Destacandose la crisis del pacto federativo y la disputa entre
sectores de la derecha, con políticos de los estados brasileños haciendo una defensa
del aislamiento en oposición a la posición del Bolsonaro con objetivos electorales.
En el campo de la oposición de la clase trabajadora, la huelga petrolera y las
manifestaciones de las mujeres el ocho de marzo empezaron las luchas de 2020, pero
la situación de coronavirus han cancelado las protestas por la memoria y justicia en el
caso de Marielle Franco y por presupuesto para la educación, que podrían fortalecer
una ola de protestas sociales contra el ajuste neoliberal y sus recortes brutales.
Asimismo, siguen, casi todos los días, los cacerolazos contra el gobierno y la
insatisfacción de los y las de abajo ha producido una victoria con el aumento del apoyo
económico para sectores desempleados. También, han aumentado las presiones
populares en defensa de Sistema Único de Salud, precarizado aún más por Bolsonaro y
que ahora tiene que recibir presupuestos por la emergencia de salud.
La intensa precarización del empleo, con los de abajo trabajando sin derechos
laborales es una catástrofe donde la pandemia trae la amenaza del hambre para los/as
de abajo. Las mujeres son las más afectadas por el desempleo, representando más de
la mitad de la desocupación. Y en las favelas/villas y ocupaciones los riesgos para la
salud de los trabajadores/as son mayores pero crecen acciones de apoyo mutuo y
solidaridad entre los/as de abajo, como alternativa popular para un gobierno antipueblo. También empiezan acciones directas populares con saqueos en mercados y el
gobierno Bolsonaro enfrenta su destino final con el avance de la crisis y de la pandemia.
Europa: centro actual de la pandemia
Por otro lado, vemos como en Europa, donde también han sido atacados los
sistemas de salud con medidas neoliberales y donde no se han tomado las precauciones
necesarias previamente a la llegada del Covid-19, la pandemia causa estragos. Más de
10 mil personas muertas en Italia y más de 5700 en España, con cifras que aumentan.
Se han aplicado sistemas de control de poblaciones a gran escala: 15 millones de
personas confinadas en el norte de Italia, Francia también y con una circulación muy
restringida, hablan a las claras que los Estados aprovechan la situación para poner en
práctica mecanismos de manejo de poblaciones en situaciones de crisis, militarizando
la vida social, represión y otras medidas que nos hacen recordar a épocas pasadas,
pero con un perfeccionamiento de los mecanismos.
Mientras tanto, se desarrolla sin problemas en Europa el mayor movimiento de
tropas en una maniobra y entrenamiento militar en las fronteras con Rusia, donde
participan 20 mil soldados norteamericanos y 10 mil de los restantes países de la OTAN.
Allí parece no haber riesgo de contagio. Es el diseño de un mundo híper controlado en
extremo y militarizado con la finalidad de contener las protestas y revueltas sociales
para que el capital haga su fiesta. La expansión de esta pandemia les sirve de excusa
para probar sus "mecanismos".
Para completar esta caracterización, a nivel cultural también se manifiestan
efectos, con el refuerzo del individualismo, el peligro del “otro” y la cultura del
“sálvese quien pueda”, sumado que se busca hacer de cada “ciudadano” un potencial
vigilante. En este marco no sorprende la tendencia de la población, que está en
capacidad económica, al acopio de alimentos y víveres.
En definitiva, el virus está evidenciando la lucha de clases: sanidad pública
desbordada, servicios sociales desatendidos, trabajadoras precarizadas manteniendo
los servicios básicos mientras los cargos directivos se protegen en casa, expedientes
de regulación temporal de empleo a cargo de fondos públicos en empresas millonarias,
carencia de pruebas diagnósticas y medios de autoprotección para las clases populares
y represión a las más precarizadas para permanecer a casa, o abusos policiales de todas
las fuerzas represivas, avaladas por el Gobierno de la Generalitat en el caso de
Cataluña y por el Estado español en general. Mientras tanto, mano laxa con las fugas
a segundas residencias, también con empresas que no son de primera necesidad y
obligan a asistir a las trabajadoras y los trabajadores poniéndolas en riesgo, clase alta
y política con medidas sanitarias privadas a su disposición, uso de hoteles como
hospitales, entre otras medidas que nos llevan a afirmar que la expropiación de
infraestructuras es una necesidad evidente y una responsabilidad de clase y humana.
Estado de emergencias en Medio Oriente
El "Estado de emergencia" es el primer método utilizado para los estados de
Medio Oriente, que se ha convertido en escenario abierto de guerra durante muchos
años. Las políticas, que se configuran de acuerdo con las necesidades de los estados y
los capitalistas en lugar de las necesidades de la gente, continúan en el proceso del
Covid-19.
No es importante para los estados las muertes en medio de la epidemia. Tomar
medidas para el futuro con respecto a la población despedida resulta una pérdida de
tiempo y dinero para los estados. El principal problema de los estados y las empresas
de hoy es cuáles serán los efectos económicos de la epidemia y cómo evitar una
rebelión social. Las precauciones y medidas tomadas son enteramente en función de
esto último: prohibiciones de viaje, prohibición de todo tipo de actividades,
prohibiciones de organización, toques de queda, retenes.
Es obvio que con medidas autoritarias y militaristas, los primeros sectores a los
que se dirijan los mecanismos de control serán aquellos excluidos o que irán siendo
excluidos, como inmigrantes, mujeres, desempleados, personas sin hogar.
Las personas que viven en diferentes geografías en el Medio Oriente dan testimonio de
un proceso en el que los estados van militarizándose y volviéndose más autoritarios.
Los sistemas de salud luego de más de 30 años de neoliberalismo
La salud pública ha sido objetivo de reiterados ataques y reformas neoliberales,
recortando sus recursos y desmantelándola. Tomemos por ejemplo Chile, laboratorio
del neoliberalismo. Allí la salud pública viene siendo desmantelada desde la dictadura
de Pinochet y profundizada su mercantilización durante el pacto transicional. El
traspaso de los consultorios a las municipalidades, la concesión de los hospitales, el
traspaso (saqueo) de recursos hacia clínicas privadas, los recortes presupuestarios, la
eliminación de la salud comunitaria, el quiebre del vínculo entre los barrios y sus
centros de salud, ha generado la crisis actual de la salud, en donde sabemos que no
existen ni las condiciones ni los medios para hacerle frente a esta crisis. Aún sin llegar
al peor escenario, escasean los insumos médicos y de seguridad, como también
personal, no hay una amplia cobertura de camas ni respiradores, por ende las clases
oprimidas serán fuertemente golpeadas por la pandemia al no poder pagar el
tratamiento y cuidados adecuados ante el virus.
En buena parte de Europa la privatización sanitaria de los últimos 10 años que,
irónicamente, también fue fruto de otra crisis (la del 2008, por si lo habíamos olvidado)
que ha dejado un panorama nefasto en el ámbito de la sanidad. Multitud de centros
hospitalarios con plantas cerradas, menos personal y peores condiciones laborales,
entre otros. Deja en evidencia que el modelo privatizador actual no es solo un error y
una estafa sino que nos expone y nos hace todavía más vulnerables como sociedad.
Y ¿ahora qué?, el Estado desvía a personas enfermas a centros privados por
carencia de recursos en los centros públicos y las facturas las pagaremos después todas
y todos. Mientras, aplauden a los y las profesionales, a quienes han estado condenando
con los recortes desde el 2008 tanto el Estado español como la Generalitat de
Catalunya, y en otros países del continente y el mundo.
Todo esto no es casual, por cierto, sino que es parte de la planificación de la
clase dominante, en donde la mercantilización de los derechos sociales nos ha
arrebatado hasta el que se nos atienda ante una enfermedad, es más, el saber si se
está contagiado depende la capacidad monetaria de cada uno. Esta necro-política de
asesinato masivo contra los sectores empobrecidos es la verdadera cara del sistema de
dominación.
Los efectos de un sistema ecocida y genocida
El capitalismo es un sistema de dominación que desprecia la vida humana. Lo
estamos viviendo en estos días pero así ha sido a lo largo de la historia: las guerras, los
genocidios, las políticas represivas, el hambre, son algunas de esas bestiales políticas
que el sistema lleva a cabo con sus personeros e instituciones encargadas del "trabajo
sucio".
A ello debemos sumarle la política de saqueo de recursos y devastación del
planeta. La política imperial que se ha venido desarrollando desde la conquista de
América por parte de Europa y luego, cuando ese mismo continente arrasó con África
y Asia principalmente, acaparando las riquezas para el desarrollo del capitalismo
monopólico y de sus Estados garantes.
Hoy estamos en una etapa cada vez más concentradora del capital y tecnificada
en lo que refiere al saqueo. Hoy, 2153 mil-millonarios poseen más riqueza que 4600
millones de seres humanos, es decir, el 60% de la humanidad. Son constantes las
migraciones hacia Europa de millones de personas que sufren las más atroces
vejaciones en el camino a la costa, para luego sufrir otras en el cruce del Mediterráneo,
si logran cruzarlo. O viviendo en verdaderos campos de concentración -que es en lo
que han convertido a los campos de personas refugiadas- en Turquía, mientras este
Estado dictatorial utiliza a las y los migrantes como arma de presión a Europa para que
ésta le financie con decenas de miles de millones de euros. Así, de este modo, la
Turquía de Erdogan tiene fondos frescos para combatir al pueblo kurdo, hacer que su
población viva bajo Estado de Sitio constante e invadir Siria y ahora Libia.
Con guerras, con invasiones o simplemente con inversiones, el capital
multinacional viene devastando el planeta. No se respetan los ecosistemas tal cual
existen, ni la reservas de agua o de bosques. Alcanza con señalar lo acontecido en la
Amazonía con la "temporada de incendios" desarrollada por la burguesía rural brasileña
con total apoyo de Bolsonaro y en otros países de la región. El capitalismo no solo mata
gente, mata a la naturaleza, y lógicamente con ello dificulta más la vida humana. El
capitalismo solo sabe sembrar terror y muerte. Es lo contrario a la vida.
Bosquejando la etapa que se abre a escala planetaria
En anteriores materiales veníamos analizando un cambio en la etapa, sobre
todo a raíz de las importantes movilizaciones que se desarrollaban en América Latina
y otras partes del mundo, cambio que aún sigue abierto.
Ahora, sin lugar a dudas, la pandemia del Covid-19 permite al sistema
capitalista una importante reestructura para tecnificar aún más su dominio, saqueo y
control sobre pueblos enteros. Los controles de poblaciones que se vienen llevando a
cabo, impidiendo los movimientos y controlando los desplazamientos de la gente, la
militarización de países enteros, el Estado policial que se desarrolla en general, las
tecnologías aplicadas en materia de seguridad ahora desplegadas con el argumento de
"controlar la pandemia", la proliferación de discursos racistas y ver al "otro" ya no solo
como un "enemigo" sino como un "vector de contagio", el cierre masivo de fronteras,
el cierre de mercados y la consolidación por la vía de los hechos de grandes bloques o
zonas económicas, al mismo tiempo de que los Estados reclaman una nueva soberanía
que estaban dispuestos a entregar hasta hace poco a los organismos transnacionales o
multilaterales, los cambios en las formas de trabajo implantándose el tele-trabajo o
trabajo a domicilio a gran escala, la pérdida de derechos sociales y empobrecimiento
mayor aún de grandes capas de la población mundial, la posibilidad para los capitalistas
y sus organismos como el FMI y otros de aplicar sus propuestas de reformas para
continuar saqueando los derechos de los y las de abajo, son solo algunos de los ejes
que parecen perfilarse en el diseño de la etapa que se viene. Una sociedad hípervigilada para ser saqueada.
Esta pandemia les viene como anillo al dedo a las clases dominantes de cada
país y del mundo para tomar las medidas que estiman necesarias para contener las
protestas sociales en curso en varios puntos del planeta. Con el pretexto de la
pandemia sacan al Ejército y todas las fuerzas policiales a la calle a reprimir al pueblo,
cuando en realidad lo que se necesita son medidas de salud pública y recursos puestos
en ello, no en la represión.
Pero se abre una etapa también donde es muy probable que las luchas
populares cobren nuevos bríos: no se detendrán las movilizaciones en Chile, Francia,
Colombia o en diferentes partes del orbe. Los pueblos están en las calles, la pandemia
tendrá su pico máximo y luego se irá retornando paulatinamente a una cierta
"normalidad", que no será idéntica a la situación anterior, pero donde la gente irá
retornando al trabajo, se irán retomando las actividades normales y los pueblos
ganarán las calles y campos nuevamente.
La Resistencia...
Expresiones de resistencia ya se vienen dando. En Europa se han manifestado
cacerolazos en el marco de la cuarentena, y huelgas en sectores donde se impone la
continuidad del trabajo a costa de la salud de los trabajadores y las trabajadoras,
incluyendo fábricas de gran porte y con sindicatos poderosos. En Argentina ya se han
expresado quienes trabajan en el sector mercantil, reclamando el cierre de los
shoppings, así como en otros ámbitos laborales se discuten medidas de protección de
la salud. En Uruguay, el sindicato de la construcción logró un acuerdo de licencia
especial, que en un primer momento el Ministerio de Economía había hecho fracasar.
Del mismo modo, el gobierno uruguayo sostiene un aumento de tarifas y del IVA a partir
del 1 de abril y las medidas para aquellos sectores que no cuentan con seguridad social
son nulas al momento. Se cacerolea y se han desarrollado infinidad de ollas populares
en los barrios y a partir también de sindicatos.
Creemos que para lo que se viene es importante tener en cuenta algunas líneas
de acción, como la lucha contra despidos, suspensiones y reducciones de salarios,
reclamo de subsidios económicos para sectores precarizados y desocupados así como
la garantía de acceso a alimentos y elementos de primera necesidad, defensa del
sistema de salud pública exigiendo mayor presupuesto para el sector como así también
mejoras en las condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras, garantizar
que el sistema de salud privada se ponga al servicio de las necesidades populares, sin
lucro, y apelar a la solidaridad entre los y las de abajo para contener la propagación
del virus evitando el avance del control social. Lo mismo puede decirse de la seguridad
social, que sea un servicio público y no esté en manos de privados como las AFP en
Chile o AFAP en Uruguay, incluso deben aumentarse los aportes patronales para que
sean los dueños del capital los que paguen el costo de esta crisis.
La pandemia y sus efectos no surgen de la naturaleza sino de un determinado
sistema que hace posible estas crisis a costa de la salud y el bienestar de la mayoría
de la población mundial, urge resistir esta situación desde una perspectiva
revolucionaria, articulando las luchas del hoy con la sociedad que soñamos.
Es claro, en esta situación de extrema gravedad, que los pueblos siguen
luchando en la medida de sus posibilidades: cacerolazos, ollas populares, formas de
solidaridad desde abajo que se han desarrollado, todo ello abreva en las mejores
tradiciones de lucha y organización de los y las de abajo. Tenemos la convicción que
la solidaridad y el apoyo mutuo son nuestras mejores armas como clase, y organizadas
territorialmente, permiten construir a futuro. Se organizan brigadas sanitarias por
doquier, en donde se hacen cargo del abastecimiento de personas adultas mayores y
personas con diversidad funcional; es importante generar y apoyar estas redes de
apoyo -al igual que las ollas populares-, lo mismo otros esfuerzos que permitan a los y
las de abajo enfrentar esta crisis de la mejor manera, incluyendo las redes de apoyo a
las mujeres y a las niñas y los niños que sufren violencia patriarcal, problema que se
acrecienta ante el encierro.
Así también crecen las protestas por la vida, pequeñas comunidades rurales y
del litoral chileno cortan el camino con barricadas para evitar que la clase alta llegue
a sus fundos y casas de veraneo. Las trabajadoras y los trabajadores, por su parte,
paralizan su producción realizando manifestaciones que exigen el cierre de locales y
la suspensión de actividades laborales tanto en Europa como en América Latina. Toda
esta voluntad debe transformarse en una HUELGA GENERAL POR LA VIDA, la cual sea
efectiva y sin contemplaciones.
Esta pandemia y sus efectos abren una posibilidad importante a los pueblos:
por un lado, nos permite una crítica implacable al modelo neoliberal y sus medidas
aplicadas desde los años setentas, plantear con más firmeza la defensa de la salud
pública y la seguridad social y todos los derechos y servicios sociales, reforzando las
luchas en su defensa y contra su privatización o precarización, lo mismo que en lo
referente al trabajo y las condiciones de vida. Permite a su vez una crítica feroz al
sistema capitalista: crítica a la propiedad privada, crítica al Estado, las políticas
securitarias, el afán de lucro, etc.
Y por sobre todo, nos permite plantear o al menos bosquejar, las nuevas
relaciones sociales que queremos, la nueva vida. En forma parcial o global, permite
que vayamos reafirmando cada vez más nuestro proyecto de sociedad socialista y
libertaria.
Para limitar el daño social
La pandemia habrá sido el detonante del crac y de la crisis financiera prevista
desde hace mucho tiempo por todos los economistas serios. Luego de la crisis de 2008,
los Estados habían tomado enormes sumas de los fundos públicos para salvar a los
operadores y los bancos privados. Una vez más la economía-casino va a quebrar, y será
en proporciones sin duda peores que en 2008.
Con su cortejo de despidos y de subempleo, esta crisis golpeará en primer lugar
a las clases populares que van a hacer frente a un incremento del desempleo, de los
tiempos parciales, de los trabajos precarios, con una reducción del ingreso.
Para restringir los daños, se necesita por una parte fortalecer la protección
social, para amortiguar el choque, y por otra parte hacer pagar el capital. Eso supone:
- la revocación de la reforma del seguro de paro y no sólo su suspensión
- la revocación de la destrucción de las pensiones, y no sólo su suspensión
- la prolongación de los plazos para abortar, de un período igual al período del
confinamiento, para descongestionar los hospitales y anticipar las consecuencias
previsibles del confinamiento
- la gratuidad de los transportes para reducir las aglomeraciones y los vectores del
contagio
- la prohibición de los despidos durante el período del confinamiento, en
mantenimiento del salario de los contratistas particulares, de los trabajadores
interinos, en contracto temporal y de los asalariados encubiertos (contratista
independiente uberizados en particular)
- la requisa de las habitaciones vacías, de los alquileres Airbnb y los semejantes, de
los habitaciones de hotel, para proteger en condiciones de confinamiento sanitario
dignas las familias sin techo, los y las migrantes que sobreviven en campamentos
salvajes o encerrados en centros de detención, personas sin papeles que a veces son
apiladas en casas u okupa insalubres.
- para los ingresos bajos, una moratoria sobre los alquileres y las facturas de energía,
de agua, de teléfono y del Internet, la prohibición de los desalojos. Y una renta básica
de inserción para aquellas personas en situación de pobreza
También se hace imperioso desarrollar el control social de toda la red de salud,
con pleno dotación y financiamiento de las instituciones de cuidado, garantías y
protección de derechos a los y las trabajadoras de la salud, comercio, industria
sanitaria, logística y transporte, servicios públicos y población campesina. Es
imprescindible fomentar una cultura de vida y solidaridad, de auto- protección y
cuidado colectivo que nos permita superar la actual sensación de pánico y de "sálvese
quien pueda", es la clave para avanzar en la superación de la actual coyuntura.
Para detener la epidemia también se necesitan medidas urgentes, tal vez
mucho más puntuales que las señaladas, que incluyan:
1. Medidas- barrera que no sean medidas "de clase", contrariamente a lo que pasa hoy.
El confinamiento no puede depender de la jerarquía social. Por lo tanto, deben
cerrarse todas las empresas y servicios no esenciales, con el mantenimiento integral
del ingreso para los trabajadores y las trabajadoras en paro técnico, incluidos aquellas
con un estatuto precario (empleados temporales, sub contratados, cuentapropistas,
etc.). ¡Que la crisis la paguen los ricos! que pare toda actividad económica que no sea
básica, que las empresas faciliten todos los medios para garantizar el teletrabajo si
hiciera falta, y que ningún trabajador ni trabajadora se quede sin salario durante el
confinamiento. En el caso de las grandes empresas, estos salarios no pueden salir de
fondos públicos. Y, ¿si las grandes fortunas y empresas son grabadas con más
impuestos?
2. Se debe seguir el trabajo sólo en los sectores vitales a la atención médica, al
abastecimiento y a la información de la población. Pensamos especialmente al sistema
de salud, al sector agroalimentario, a los transportes, a la distribución alimentaria y
sanitaria, a los medios audiovisuales y al Internet para difundir las consignas. Los
trabajadores y las trabajadoras de estos sectores están en primera línea: salvar la
población recae sobre sus hombros. Hay que respaldar su trabajo empezando por
garantizar el cuidado de sus hijos e hijas, con medidas de prevención y de protección.
3. Al mismo tiempo, tanto por razones de eficacia como para impedir las indecentes
"corona ganancias" de los beneficiarios de la crisis, hay que requisar las empresas
privadas de estos sectores, e integrarlas en el servicio público, poniendo su
funcionamiento bajo el control de la clase trabajadora que es la mejor capacitada para
reorganizar las cadenas de producción y así protegerse del virus.
4. Más allá, es el conjunto de la producción y de los servicios que hay que reorganizar
con urgencia. La industria y los servicios deben estar enteramente vueltos hacia la
producción de material sanitario y de protección, y la garantía de los medios de
sustento para todos y todas. Si el Estado y los patrones no lo quieren, entonces les toca
a la clase trabajadora imponerlo.
5.Esta crisis nos demuestra que la sanidad no puede quedarse nunca en manos privadas.
Control social de los hospitales privados y concertados y residencias de gente mayor
sin compensación con dinero público.
6.Que los Centros de Internamiento de Emigrantes que se hayan cerrado durante esta
crisis en Europa, evidencia su farsa racista, no se vuelvan a abrir nunca más.
Los gobiernos han sido tomados por sorpresa por la situación. Podemos
imponerles cosas, pero sólo si el movimiento social y sindical se arremanga e intenta
enfrentar los problemas sin vacilación. Es entonces crucial que todos los trabajadores
y las trabajadoras conscientes y determinadas se apropien de la herramienta sindical
para agrupar a sus colegas sobre bases solidarias y combativas.
La sociedad tiene que cambiar en profundidad
Decimos con claridad: estas medidas de urgencia son fragmentarias. Responden
a la necesidad de detener la epidemia y de restringir los daños sociales. Pero no
impedirán la crisis económica que tendrá lugar, porque ésta es el resultado del
capitalismo y de la economía de mercado. El virus habrá sido sólo el detonante.
Frente a esta situación inédita, el capitalismo demostró su falla pero el Estado
va a buscar mantener por todos los medios el sistema económico actual, incluso tomar
el control sobre el conjunto de las actividades económicas, haciendo de manera
dirigista la organización de la producción por requisas u otros mecanismos.
Para los gobiernos, será la única alternativa al caos al que conduciría el "cado
uno por su lado". Para nosotros y nosotras, anarquistas y comunistas libertarias de
América y Europa, las medidas de urgencia que proponemos como las responsabilidades
que impondrán, tomarán y ejercerán hoy mismo la clase trabajadora dibujan una toda
otra alternativa. Tenemos otro proyecto a defender: un proyecto que se basa en la
ayuda mutua y la igualdad, con una organización estricta y planificada de la producción
y de la distribución de los bienes esenciales pero bajo el control de los trabajadores y
las trabajadoras.
Pensamos que ya es hora de repensar integralmente el funcionamiento de la
sociedad, de modo de satisfacer las necesidades de todos y todas . Podemos encontrar
formas y mecanismos de cuidado y protección de la naturaleza para garantizar la vida.
Podemos acabar con este sistema, poniendo todos los medios de producción y de
distribución entre las manos de la clase trabajadora, sustituyendo la economía de
mercado por una economía socializada y autogestionada, y al Estado por un sistema
federalista autogestionario.
Es imperioso avanzar en medio de esta crisis en este camino, tejiendo lazos
solidarios en el abajo, fortaleciendo las organizaciones populares y construyendo en
los hechos un verdadero Frente de Clases Oprimidas que pueda ser el articulador de
las luchas del hoy y las del mañana en pos de una sociedad socialista, libertaria,
federalista y con democracia directa.
¡QUE LA CRISIS NOS ENCUENTRE ROMPIENDO NUESTRAS
CADENAS!
¡HOY MÁS QUE NUNCA, SOLIDARIDAD ENTRE LA CLASE
TRABAJADORA Y LOS PUEBLOS DE TODO EL MUNDO!
¡POR EL SOCIALISMO Y LA LIBERTAD!
¡ARRIBA LAS Y LOS QUE LUCHA!
Coordenação Anarquista Brasileira (CAB)
Federación Anarquista Uruguaya (FAU)
Federación Anarquista Rosario - FAR (Argentina)
Organización Anarquista de Córdoba - OAC (Argentina)
Federación Anarquista Santiago – FAS (Chile)
Grupo Libertario Vía Libre (Colombia)
Union Communiste Libertaire (Francia)
Embat - Organización Anarquista (Cataluña)
Alternativa Libertaria / Federazione dei Comunisti Anarchici - AL/fdca (Italia)
Devrimci Anarşist Faaliyet - DAF (Turquía)
Organization Socialiste Libertaire – OSL (Suiza)

jueves, 19 de marzo de 2020

ANTE LA PANDEMIA CAPITALISTA, APOYO MUTUO Y SOLIDARIDAD DE LAS Y LOS DE ABAJO



Vivimos un momento que parece constituir una bisagra histórica, una nueva cepa de un virus de la gripe, el SARS-CoV-2, que conmociona al mundo entero, cerrando fronteras, golpeando fuertemente la economía global y causando la muerte de miles de personas. Nos parece importante, desde el anarquismo organizado, ir elaborando -aunque sea preliminarmente- algunos análisis y líneas de acción sobre los efectos que está teniendo y puede tener esta crisis en el campo social-político.
La aparición y propagación del virus pone al descubierto, una vez más, el rotundo fracaso del sistema capitalista, mostrando sus facetas más crueles, inhumanas y peligrosas para la clase oprimida. En primer lugar pone de relieve que los avances tecnológicos en el ámbito de la salud, no han podido prevenir ni contrarrestar este fenómeno, dando cuenta que los billonarios recursos sociales que administran las empresas farmacéuticas y de salud no están puestos en mejorar la calidad de vida de los habitantes y prevenir enfermedades sino en maximizar sus ganancias, aquí no hay más que sentido común capitalista, pero que tiene sus efectos en la crisis de salud que se está viviendo en el mundo entero.
Por otro lado, hasta ahora vemos que en aquellos países donde los sistema de salud pública han sido desguazados por las reformas neoliberales, el virus avanza con efectos más dañinos. En nuestro país, aunque ineficiente y golpeada por los distintos gobiernos, nuestra fortaleza está en un sistema de salud pública que persiste gracias a la resistencia de sus trabajadores y usuarios.
Por otro lado no es menor el dato de que el coronavirus tiene efectos devastadores sobre la población más golpeada de los últimos años, los ancianos. Esto tanto en términos de salud, a partir de la falta de vacunas, el incremento en los medicamentos, el abandono de una parte importante de tratamientos, así como también en el sistema previsional, donde ha sido el sector históricamente más castigado, teniendo como referencia inmediata la antipopular reforma jubilatoria de Macri de 2017, y su modificación durante el actual Gobierno. El campo popular debería, en este sentido, buscar que se juzguen como criminales algunas de las reformas más recientes, así resuena la eliminación del Ministerio de Salud por el anterior gobierno como un crimen contra la salud pública, que tuvo como consecuencia inmediata el rebrote de sarampión una enfermedad que había sido extinguida en Latinoamerica. A las claras, nuestros viejos son la población “sobrante” de un sistema social que viene colapsando. Con todo lo hasta aquí expuesto, queda en claro que la vida y la salud son un negocio, más que un derecho.
En consonancia con esta idea, la historia nos ha mostrado que en más de una oportunidad, las enfermedades y el control sobre nuestros cuerpos, ha sido utilizado por los distintos Estados como arma en función de sus intereses imperialistas. Además de los conocidos experimentos del nazismo, en nuestra región tuvimos casos emblemáticos como la inoculación de sífilis en la población guatemalteca por parte del Ejército estadounidense. Semejantes aberraciones solo son posibles en un orden social capitalista, y que hace a más de uno dudar sobre el origen particular de este virus, en el seno de una de las potencias imperialistas que viene disputando el orden mundial.
El impacto social y económico de la rápida propagación del coronavirus está quedando en evidencia. Por un lado sabemos que el freno de la economía mundial lo pagaremos los de abajo. Ya en los países donde el virus está más esparcido, se han producidos despidos y reducción de salarios, y ni que hablar de los efectos arrasadores que está teniendo en los sectores desocupados y precarizados. En nuestro país, a la fragilidad producto de la deuda pública, y la intención del gobierno de pagarla a costa del pueblo, se le sumará el daño que genera esta pandemia, que expresa la debilidad de un orden económico que tiene a casi el 50% de la población en la pobreza, y una tasa altísima de trabajadores precarizados.
Por otro lado, la restricción de derechos políticos y mecanismos de control social más agresivos avanzan, ganando consenso social como única forma de garantizar el freno de la pandemia. Todo esto dentro del marco de una supuesta democracia, que fácilmente se modula hacia estados de excepción, imitando las técnicas de control de la tan cuestionada dictadura del PC Chino. Sabemos que estos dispositivos de control social se van a llenar de recursos y experiencia, y que habrá que ver si son deshabilitados una vez terminada la pandemia. Estimamos que salvo se pongan en marcha otras formas solidarias y desde abajo para contener la propagación del virus, el control y la represión servirán como mecanismo para “contener” también el posible descontento que generen los efectos de esta crisis y que persistirán una vez terminada. Mientras tanto el despliegue de las fuerzas represivas por todo el territorio, está dejando indefenso al grueso de las organizaciones de los sectores populares. Frente a este panorama nos hacemos la alarmante pregunta sobre qué sucederá cuando sea un pobre el que no cumpla la cuarentena y no alguien que viene de vacacionar en Europa o EEUU. En los hechos, ya tuvimos un adelanto, con la represión desatada por Rodríguez Larreta contra los manteros, que devino en la muerte de la emprendedora Beatriz Mechato, y la posterior detención de Juan Grabois y 12 militantes más de la CTEP.
Para completar esta caracterización, a nivel cultural también se manifiestan efectos, con el refuerzo del individualismo, el peligro del “otro” y la cultura del “sálvese quien pueda”, sumado que se busca hacer de cada “ciudadano” un potencial vigilante. En este marco no sorprende la tendencia de la población, que está en capacidad económica, al acopio de alimentos y víveres, ¿no está basado el sistema capitalista en el acaparamiento de bienes más que en su distribución equitativa?
Pero expresiones de resistencia ya se vienen dando. En Europa se han manifestado cacerolazos en el marco de la cuarentena, y huelgas en sectores donde se impone la continuidad del trabajo a costa de la salud de los trabajadores. En Argentina ya se han expresado los mercantiles, reclamando el cierre de los shoppings, así como en otros ámbitos laborales se discuten medidas de protección de la salud.
Creemos que para lo que se viene es importante tener en cuenta algunas líneas de acción, como la lucha contra despidos, suspensiones y reducciones de salarios, reclamo de subsidios económicos para precarizados y desocupados así como la garantía de acceso a alimentos y elementos de primera necesidad, defensa del sistema de salud pública exigiendo mayor presupuesto para el sector como así también mejoras en las condiciones laborales de sus trabajadores, garantizar que el sistema de salud privada se ponga al servicio de las necesidades populares, sin lucro, y apelar a la solidaridad entre los y las de abajo para contener la propagación del virus evitando el avance del control social.
La pandemia y sus efectos no surgen de la naturaleza sino de un determinado sistema que hace posible estas crisis a costa de la salud y el bienestar de la mayoría de la población mundial, urge resistir esta situación desde una perspectiva revolucionaria, articulando las luchas del hoy con la sociedad que soñamos.

sábado, 29 de febrero de 2020

Posición FAR - Marzo 2020

Posición FAR Marzo 2020

Seguir resistiendo el ajuste del gobierno y el FMI, 
en las calles y con independencia de clase:

Como planteamos oportunamente, podemos ver que la gran ganadora en el proceso de cambio de gobierno en nuestro país fue la institucionalidad. A pesar del nivel de pobreza, la inflación, devaluación, endeudamiento externo, pérdida del poder adquisitivo de la mayoría de la población, entre muchos otros saldos del gobierno macrista, la clase política supo llevar el “juego” a su propio campo y canalizar prácticamente todas las iniciativas y acciones en torno a la participación electoral y las expectativas puestas en el gobierno entrante. Así el gran vencedor de este proceso ha sido el Estado como estructura política de la clase dominante, uniendo los lados de “la grieta”, fortaleciendo la idea de que por “primera vez un gobierno no peronista termina su mandato”. En este sentido observamos, como rasgos fundamentales del nuevo período, intentos del Gobierno y sectores de la clase dominante de profundizar el control social y la institucionalización de las organizaciones populares en un contexto donde los de arriba siguen exigiendo más ajuste para los de abajo. Buscando también realizar cambios estructurales que atentan contra la lucha de clases, como el establecimiento de aumentos salariales por decretos gubernamentales, que no solo apuntan a poner un techo a los ingresos, sino que de fondo es una injerencia clara del Estado en la relación de fuerzas entre las patronales y los gremios, paralizando la dinámica sindical.
Es así como en este escenario de debacle social y económica, el Gobierno de Fernández intentará por un lado (quizás sin los niveles destructivos de Cambiemos) estirar lo más que se pueda el clima de ajuste y austeridad generalizado que dejó la hecatombe ultra-liberal, en pos del cumplimiento de pago de la deuda con el FMI. Pero esta avanzada no puede pensarse sin un “pacto social” que la garantice. Es ahí donde se evidencia a gran parte de las burocracias sindicales y sociales dándole tiempo al Gobierno, aceptando sin resistencia los aumentos “solidarios” a los ingresos de los trabajadores. En este orden se encuentra el pedido de Fernández a las cúpulas de la CGT y las CTA de que sus gremios acepten aumentos salariales fijos y no reclamen la cláusula gatillo (una llave de ajuste automático que permite no quedar tan desfasado con la inflación). Esta medida de cara a las paritarias, busca evitar que los trabajadores recuperen por completo el poder adquisitivo perdido en los últimos años. Es en este sentido que la independencia de clase y la acción directa se tornan más estratégicas que nunca. Se torna necesario presionar hacia adentro de las organizaciones sindicales posturas más tajantes respecto al avance del gobierno sobre los derechos laborales. Es evidente que desde el Estado se sigue con la táctica de sondeo que utilizó el macrismo. En este sentido, vemos como se han anunciado aumento de tarifas que después han negado, o los dichos del Ministro de Trabajo sobre un posible aumento de la edad jubilatoria. Aquí las burocracias están en una encrucijada que no les es gratuita en torno a la posible pérdida de bases, si se cierra por completo un pacto entregador. Por eso desde nuestras agrupaciones debemos ser claros, articular y aglutinarnos con aquellos sectores combativos para poner freno a estos avances. En este punto destacamos a modo de ejemplo la combatividad de la multisectorial de estatales en Chubut o los acertados posicionamientos de la CTA Autónoma de Rosario, quienes proponen mantener presencia en la calle con autonomía (a diferencia de la conducción de la CTA Autónoma a nivel nacional).
Dentro de las conducciones de las organizaciones sociales también se ha sellado un pacto con el gobierno, quedando poco de esos viejos movimientos de los 90` que cortaban la ruta contra los despidos, pidiendo trabajo genuino. Décadas de políticas focalizadas, y un vínculo cada vez más cercano con el Estado, han aportado a la  institucionalización creciente de prácticamente todas las organizaciones del sector de desocupados, quedando la militancia social entrampada en dinámicas de gestoría administrativa de las enroscadas políticas lanzadas por el Gobierno de turno para emparchar los índices de desocupación. Así la creación de la UTEP como sindicato viene a ser una marca de época, lamentablemente, con el distintivo gesto de un saludo presidencial a través de video y la participación del Ministro de Desarrollo Social en su acto fundacional, y más grave aún con sus dirigentes en cargos gubernamentales. A la luz de la historia, estamos convencidos que el avance organizativo del sector -en defensa de reivindicaciones por demás de sentidas para los desocupados- no puede ni debe ir jamás acompañado de mayores niveles de dependencia política con el Gobierno de turno. Y mucho menos debe adoptar como propia, la dinámica burocrático-administrativa de las políticas de Estado. Aquí nuevamente hacemos hincapié en la necesidad de mantener la independencia de clase como bandera de los sectores populares. 
En cuanto a políticas sociales –en un contexto de aumento exponencial de la pobreza y el hambre en todo el país- podemos ver que se ha conseguido finalmente, desde la lucha de las organizaciones sociales, instalar una agenda de necesidad de aumentos en los subsidios para desocupados, así como planes de acceso a los productos de primera necesidad. En este sentido el Gobierno nacional comenzó apostando, en términos económicos, al viejo caballo de batalla de políticas orientadas al estímulo del consumo interno. Esto ya se vio expresado en el lanzamiento de la tarjeta alimentaria, el aumento de las asignaciones y las jubilaciones mínimas. Pero sorpresivamente, este necesario aumento a los sectores en situación de indigencia, recayó en la pérdida “solidaria” del poder adquisitivo de los sectores que se encuentran rondando la línea de pobreza, como los jubilados que cobran más de $20 mil, los monotributistas, etc. A contrapartida a esos sectores se les plantea que deben permanecer tranquilos y confiados en la baja de la inflación y el acuerdo de precios y salarios.
De la misma manera, vemos como se buscará encorsetar al movimiento más masivo de los últimos años como ha sido el feminista. Se torna evidente que es con este fin que se creó el Ministerio de la Mujer, donde se intenta cooptar/institucionalizar el amplio movimiento feminista y sus luchas, canalizando toda acción a través del Estado. Es significativo que, pocos días antes de que se presente nuevamente el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo –por presión popular-, el presidente haya hecho declaraciones favorables a la iniciativa. Por esto, es importante siempre hacer visible que, si se logra la aprobación del proyecto, será fruto de la lucha y organización que hace décadas sostenemos las mujeres y disidencias, habiendo ya logrado instalarlo a nivel social, cada vez que se habla de la “ola verde”.
Por otra parte, como ya venimos anticipando, el gobierno de Fernández no marcará ningún cambio de fondo en torno a la matriz económico-productiva del país, dando señales claras de fortalecer el extractivismo y la producción primaria. Sin embargo ya se vieron expresiones contundentes de resistencia a estas políticas. A las claras, el único freno a la sangría de bienes comunes y la contaminación viene siendo dado desde la lucha social, como fue el caso de la pueblada en Mendoza, donde se logró frenar una ley de contaminación sistemática impulsada desde la gobernación y el gobierno nacional.
Párrafo aparte merece la continuidad de la dependencia  con las políticas del FMI y los vencimientos de la deuda externa, que ascienden aproximadamente a los 311.000 millones de dólares (deuda pública global), lo que implica más del 90% del Producto Interno Bruto (PIB). De esa deuda la correspondiente al FMI son actualmente 44.000 millones de dólares. La estrategia del gobierno, ya desde el período de la campaña, fue siempre conciliadora, buscando tener el visto bueno del Fondo y lograr postergar los pagos lo más posible, siempre reconociendo su validez –y legitimidad como política de Estado-, expresando un compromiso de pago. Para esto el Gobierno de Fernández buscó apoyo internacional, realizando una gira europea donde también aprovechó para hacer jugar el apoyo papal a su gestión. La visita realizada por el Fondo a la Argentina en el mes de febrero se dio en ese marco, avanzando en la negociación positivamente de acuerdo a lo planteado por el presidente. Es aquí donde también se expresa la intención desde el Estado de encapsular toda acción impulsada desde los sectores en lucha en torno a sus propios intereses, ya que ante las masivas movilizaciones en repudio al FMI y su presencia en el país, desde el gobierno se buscó desdibujar ese perfil cuestionador y tornarlo como demostraciones a favor del gobierno y apoyo a la negociación. A pesar de esto, entendemos que la dimensión y amplitud de las manifestaciones en repudio se plantean como límite a la acción desde el Estado y las políticas de ajuste pretendidas desde el organismo usurero. Es necesario en este tipo de acciones diferenciarse de las perspectivas que acercan a las organizaciones en lucha (sindicales, estudiantiles, territoriales, etc.) con los gestores del Estado, ya que tenemos bien claro que nuestros intereses son antagónicos y que la búsqueda de conciliar con los organismos prestamistas solamente favorecerá a los sectores ricos y poderosos.
No podemos tampoco pasar por alto algunos rasgos de las políticas internacionales desarrolladas en estos meses de gobierno. Por un lado, podemos ver que en cierto sentido busca inscribirse dentro de la herencia de los llamados gobiernos progresistas que se desarrollaron en el cono sur hasta hace unos años, la cercanía con Lula (el apoyo al pedido de libertad cuando se encontraba detenido) y el asilo político que se está prestando a Evo Morales luego del golpe de Estado son significativos en este sentido. Pero más allá de estas acciones, y una retórica propia de las banderas del peronismo encontramos la visita con elogios incluidos al estado genocida de Israel en su primera gira internacional, el relativo silencio y calma ante las violaciones a derechos humanos que se están desarrollando en Chile (brindando incluso el ofrecimiento de ayuda al presidente Piñera), y mucho más importante la autorización para la realización de ejercicios militares conjuntos, con países limítrofes y potencias mundiales. Esto último, aprobado el pasado 17 de febrero, con acuerdo de todas las fuerzas políticas parlamentarias, autoriza un gasto de 249 millones de pesos para unos 17 ejercicios militares con países vecinos y potencias, como Estados Unidos, China, Rusia, Alemania, India, Brasil y Venezuela, entre otros. Con Estados Unidos es especialmente significativo ya que la Armada norteamericana participará  en un ejercicio denominado “Gaucho Gringo” con un portaaviones, que llevará cinco mil efectivos a bordo en el mar de nuestro país. Entendemos sumamente grave este avance del imperialismo yanqui en la región, así como el reforzamiento del poder de las Fuerzas Armada que cuentan nuevamente con un espacio de formación de primera línea, como fuera hace ya tiempo la Escuela de las Américas.
Estos acuerdos se enmarcan en una política de derechos humanos peligrosamente ambigua. Hace días Fernández, en un acto del Ejército, llamó abiertamente a “dar vuelta de página” con respecto a la dictadura, catalogando al terrorismo de Estado como “inconductas de algunos” dentro de las FFAA, omitiendo el plan sistemático de exterminio del Estado nacional, visión consensuada por la totalidad de las organizaciones populares y organismos de DDHH que vienen luchando contra la impunidad. Puntualmente, este posicionamiento no debería de sorprendernos si rescatamos del archivo la campaña por la “reconciliación nacional” de 1983 de Ítalo Luder, prometiendo respaldar la “ley de autoamnistía” de los genocidas. Pero la venia de Fernández a las fuerzas represivas (a pesar del posterior pedido de disculpas por la fuerte reacción que causó), junto con el uso de las mismas en las provincias para reforzar la presencia con la excusa de combatir la inseguridad, no dista mucho de lo realizado por Patricia Bullrich los últimos años. La ambivalencia mostrada por ejemplo, al derogar el protocolo de la doctrina Chocobar (que otorga mayor libertad para disparar a la policía) se da al mismo tiempo que gobiernos provinciales de la misma coalición política, como Perotti en Santa Fe, autorizando a la policía a llevar una bala en la recámara promoviendo así el gatillo fácil.
Podemos afirmar que este nuevo gobierno, cuya consigna reza “es con todos” (léase ejército, iglesias, empresarios, burócratas, políticos y organismos financieros internacionales) disfraza de “cintura política” a un pragmatismo extremo, que no hace más que actuar a favor de los sectores dominantes, acudiendo a una retórica popular –clásica del kircherismo- y repartiendo migajas para los de abajo, al fin y al cabo licuando las esperanzas del electorado. Por esta razón en Argentina, será crucial en el siguiente período seguir reforzando la acción directa y la independencia de clase como principios rectores en nuestra militancia cotidiana en todos los ámbitos.
Para el especifismo, el camino hacia una revolución es el de la organización popular y la acción directa, en las fábricas, en el campo, en los barrios y en los lugares de estudio, para ello el anarquismo debe estar organizado políticamente. Sabemos también que el camino es largo, y difícil, pero nuestra historia demuestra que la inserción social en las luchas populares, sostenida en el tiempo, en el marco de un proyecto político libertario organizado, da frutos que verdaderamente habilitan la posibilidad de otra sociedad, una sin dominación, explotación, machismo, racismo, una sociedad libertaria.
¡POR LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUEBLO FUERTE!
¡POR EL PODER POPULAR!
¡POR EL SOCIALISMO Y LA LIBERTAD!

domingo, 15 de diciembre de 2019

Posición FAR ante el cambio de Gobierno – Diciembre 2019 Avanzar por la conquista de nuestras reivindicaciones con independencia de clase y hacia el socialismo libertario.

Concluido el gobierno de Macri, en nuestro país finalizan 4 años de grandes agresiones hacia los sectores populares, pero también de grandes resistencias y alianzas que, a pesar de la fragmentación social, han marcado un límite al programa del gobierno saliente y a las políticas auspiciadas por los imperialismos.
Los resultados de este proceso están a la vista: mayor pobreza, desocupación, indigencia, retroceso y recortes en derechos sociales, altísima inflación, tarifas de servicios públicos dolarizadas, deuda externa en la espalda del pueblo, crecimiento de un discurso fascista, racista y machista estimulado desde las más altas esferas del poder político, aumento de la represión y retroceso en materia de DDHH, etc.
No es casual entonces que exista por abajo, y sobre todo en amplios sectores organizados y en lucha, una gran sensación de alivio con la salida de este gobierno y en algunos una expectativa en relación al entrante.
En este marco se ha montado una gran construcción discursiva y retórica que acompaña esta nueva construcción política. Una imagen cuidada llena de gestualidad y simbolismo. Componen este frente una mezcla entre la misma clase política que 18 años atrás era ampliamente rechazada por los sectores populares junto con nuevas caras surgidas de la “rosca” y la alianza por arriba de los aparatos políticos vinculados al PJ; todas hoy bautizadas en el mito de la derrota electoral al macrismo. Más allá de este renacer, difícilmente pueda esperarse una renovación en caudillos reaccionarios como: Manzur, Perotti, Schiaretti, Duhalde, Menem, Insfrán, Felipe Sola, Massa, entre otros.
Desde el contraste con la gestión anterior, el nuevo relato refuerza todo aquello que en lo simbólico, cultural, e ideológico lo distingue de las formas más rancias del neoliberalismo. Es así que en este momento político, desde la óptica de una construcción institucional  -dentro del sistema capitalista- no hay posibilidad de formulación que esté a la izquierda del Frente de Todos.
Y aquí yace el quid de la cuestión y la gran victoria de la estatalidad: se ha puesto al Estado como el único espacio viable para la política, y al capitalismo como único horizonte posible para el devenir histórico. Desde esta concepción tan estrecha no es casualidad que pululen con fuerza en el cuerpo social ideas abiertamente fascistas,  y de continuarse este esquema no debería sorprendernos si de aquí a 4 años se da una victoria de un gobierno incluso más reaccionario que el de Cambiemos, o que se manifiesten intentonas golpistas. Es así que ya se han empezado a escuchar algunas amenazas desde las patronales agrarias y las multinacionales agroexportadoras, que bien pueden ir orientadas en este sentido, y tampoco hay que perder de vista la alianza entre Patricia Bullrich y la Gendarmeria fruto de la impunidad ante la muerte de Santiago Maldonado.
El gran vencedor de este proceso ha sido el Estado como proyecto político de la clase dominante que une los lados de “la grieta” ante la evidencia de que por “primera vez un gobierno no peronista termina su mandato”.
¿Qué puede esperarse del nuevo gobierno?
Además de lo que venimos mencionando en referencia a lo simbólico e institucional, entendemos que el gobierno lanzará en lo económico medidas como los anunciados micro-créditos, y una política de estimulación del consumo que seguramente traerá alivio a los hogares más afectados por el brutal ajuste del macrismo, sin modificar de fondo la matriz económico-productiva del país. Se logrará obtener además algunas reivindicaciones gremiales como la paritaria nacional docente, que ha sido el fruto de varias puebladas y paros nacionales y buscará contener el conflicto sindical con el reciente decreto de doble indemnización por despidos para los próximos 180 días.
Se intentará cooptar al amplio movimiento feminista, y sus luchas, y canalizar por vía Ministerial algunas de sus reivindicaciones más sentidas. Es preciso recordar que el pronunciamiento favorable, con respecto a la despenalización del aborto, que ha hecho el recientemente designado Ministro de Salud, es fruto de la lucha llevada adelante por las mujeres y disidencias, que sostiene este reclamo desde hace años y que recientemente han logrado instalarlo a nivel social.
En materia de DDHH mostrará una cara menos represiva, e intentará intervenir la AFI. Aunque seguramente con una agenda propia para su sector político, intervención que por otro lado queda a medio camino de la reivindicación histórica de los organismos de DDHH que piden su disolución por ser una institución heredera de las prácticas de la dictadura.
Pero detrás de esto se teje la política real, aquella en la que Alberto deja el traje de modesto docente de la UBA, para mostrar su cara de operador político pragmático formado en el Menemato. Esta política no es la que se anuncia con bombos y platillos sino la que se teje en la oscuridad, con la injerencia del FMI y los imperialismos. Así es de esperarse: la continuidad de la mega-mineria contaminante, el Fraking en Vaca Muerta, el monocultivo y la presencia en el gobierno de Bayer (ex Monsanto), la reforma laboral vía modificación de los convenios colectivos de trabajo, el pago de la deuda pública, el trabajo precario, etc.
Desde abajo independencia de clase siempre
Desde el anarquismo políticamente organizado venimos sosteniendo que la vía hacia el socialismo libertario es por la lucha revolucionaria, no hay posibilidad de transformación de la sociedad por los propios mecanismos del sistema e incluso hay poco margen para que se manifiesten reformas de importancia por la vía institucional.
Para el especifismo, el camino hacia una revolución es el de la organización popular, y  la acción directa en las fábricas, en el campo, en los barrios y en los lugares de estudio, para ello el anarquismo debe estar organizado políticamente.
En la coyuntura que se viene debemos enfrentar esta nueva política de los de arriba desde la independencia de clase, para ello es clave que nuestros sindicatos y organizaciones estén al servicio de los intereses que deben representar y no sean condicionados por la clase política que en última instancia siempre opera en favor de los intereses de la clase dominante. Ya desde la transición política, el Kirchnerismo venía adelantando la posibilidad de un pacto social entre distintos sectores patronales, el movimiento obrero y las organizaciones sociales, con la anuencia de la Iglesia, quien se atribuye un lugar de mediador en este proceso, pero no es más que un operador más de la clase dominante. Un gran trabajo de cooptación política de las direcciones burocráticas de los sindicatos y las organizaciones sociales hace posible el pacto en esta coyuntura.
Así debemos luchar desde la bases en contra de cualquier pacto social que intente ocultar las diferencias de clase en pos de un supuesto “proyecto nacional” en el cual los trabajadores/as somos los convidados de piedra. Tenemos claro que no hay alianza posible con los patrones, las burocracias serviles, la clase política, la iglesia y los poderosos.
Sabemos también que el camino es largo, y difícil, pero nuestra historia demuestra que la inserción social en las luchas populares, sostenida en el tiempo, en el marco de un proyecto político libertario organizado, da frutos que verdaderamente habilitan la posibilidad de otra sociedad, una sin dominación, explotación, machismo, racismo, una sociedad libertaria.
¡POR LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUEBLO FUERTE!
¡POR EL PODER POPULAR!
¡POR EL SOCIALISMO Y LA LIBERTAD!

miércoles, 20 de noviembre de 2019

ANÁLISIS DE COYUNTURA AMÉRICA LATINA Y EL MUNDO SE MUEVEN

ANÁLISIS DE COYUNTURA
AMÉRICA LATINA Y EL MUNDO SE MUEVEN

En el mes de octubre de 2019 se han producido hechos en América Latina
y en el mundo que marcan un tiempo de pueblos en las calles, que marcan
tiempos de lucha. Comencemos por analizar el escenario en Oriente Medio.

KURDISTÁN: LA RESISTENCIA CONTINÚA
La lucha del pueblo kurdo ha ingresado en una nueva etapa. El ataque de
la dictadura legalizada del AKP de Erdogan, es decir del gobierno turco, era
previsible. Ante la consolidación de la experiencia de la Federación del Norte de
Siria, esa peculiar experiencia de tránsito al socialismo que se desarrolla en el
marco de una guerra cruel y sanguinaria, luchando contra el fascismo islámico,
el Estado Turco, uno de los organizadores de grupos como ISIS y otros de la
misma calaña, bombardea a la población y pretende adueñarse de una franja de
territorio de 14 mil kilómetros cuadrados al menos, para trasplantar población
refugiada. Lógicamente, población que no responde a las organizaciones del
pueblo kurdo.
Al momento el Estado turco ha avanzado y desplazado cientos de miles
de personas, entre ellos niños y ancianos, con la finalidad de barrer al PKK en
Siria. La propuesta de dicho partido y de sus milicias -YPG e YPJ- es la
construcción del Confederalismo Democrático, una propuesta de fuerte
raigambre de base, socialista y federalista. Esta experiencia es un "mal ejemplo"
para todos los Estados de la región y para las potencias intervinientes como
Rusia y EEUU. Todos son de un modo u otro, enemigos de este proceso y del
pueblo kurdo que lucha por su libertad.
Esta experiencia de carácter comunal se está desarrollando en un tercio
del territorio sirio e incluyendo a población árabe, armenia, entre otras
nacionalidades y también pueblos de variadas pertenencias religiosas. En lugar
de una guerra fratricida, el pueblo kurdo y sus organizaciones han construido en
Rojava una experiencia socialista con perfiles libertarizantes por demás
interesantes, con gran protagonismo popular, especialmente de las mujeres y
aquellos grupos que siempre han sido foco de la dominación del sistema
capitalista en todos sus órdenes.
Las milicias kurdas derrotaron a Estado Islámico con un saldo de 11 mil
combatientes muertos. Un alto precio ha pagado el pueblo kurdo, pero esa ha
sido su historia, una historia de Resistencia y combate contra toda forma de
opresión. Toda nuestra solidaridad y apoyo a la lucha del pueblo kurdo, ejemplo
de dignidad. Todo nuestro rechazo a cualquier intento de invasión e intervención
en Rojava.
Líbano e Irak: los pueblos salen a la calle
El neoliberalismo genera que los pueblos ganen las calles. En América
Latina, en Europa o en Oriente Medio. En el planeta entero. Líbano e Irak no son
la excepción. Ante una paquetazo ortodoxo, el pueblo libanés salió a la calle.
Poca prensa cubrió el hecho y hasta alguna habló de los intereses de EEUU y
Arabia Saudita tras las movilizaciones para desestabilizar al régimen que tendría
cierta afinidad con Irán. Pero lo cierto es, que ente medidas antipopulares, el
pueblo salió y ganó presencia masiva en las calles. Lo mismo ocurrió en Irak,
territorio hace años afectado por la intervención directa del imperialismo, donde
desde el 1º de octubre se iniciaron movilizaciones masivas contra la clase
gobernante, principal responsable del creciente desempleo, la escasez de
servicios básicos y la precarización de las condiciones de vida. La respuesta del
gobierno fue una sangrienta represión, que dejó un saldo al día de hoy de 300
muertos y más de 15 mil heridos, lo que no impidió, sin embargo, mayores
niveles de movilización en los sectores populares. Estas movilizaciones de
Líbano e Irak se llevan a cabo al mismo tiempos que las que protagoniza el
pueblo chileno.
Palestina: continúa el genocidio en Gaza
El gobierno de Benjamín Netanyahu persiste en eliminar política y
físicamente cualquier expresión que denuncie las políticas de Apartheid que
promueve el Estado de Israel. Gran revuelo causó la orden de deporta a Omar
Shakir, representante de Human Right Watch (HRW) para Palestina e Israel, por
supuestamente apoyar el movimiento BDS (Boicot, Desinversión, Sanciones).
También se han hecho públicos los videos de asesinatos cometidos por el
ejército de ocupación en el marco de las manifestaciones que se dieron para
conmemorar el fallecimiento el pasado 11 de noviembre del histórico líder Yasser
Arafat, la cual dejó también varios periodistas heridos e incapacitados de por
vida.
Días después, y luego de que la fuerza aérea israelí confirmara que en un
bombardeo se había dado de baja a un líder de la Jihad islámica, empezó un
intercambio de cohetes a ambos lados de la Franja de Gaza, dejando como
resultado alrededor de 32 personas muertas y 71 heridas, siendo 30 de esas
niños, todas del lado palestino. Luego de la mediación de Egipto se consiguió
pactar una tregua entre ambas partes. Por su parte, la Autoridad Nacional
Palestina (ANP) en cabeza del primer ministro Mahmoud Abbas, anunciaba un
mes antes que se iniciaran los diálogos con todas las facciones palestinas para
poder llevar a cabo unas elecciones legislativas pendientes desde el año 2006.
El pueblo palestino en Gaza ha sufrido tres guerras entre 2008 y 2014 y en
Cisjordania los asentamientos ilegales y la segregación de carreteras hacen que
la vida en los territorios ocupados sea cada día más dura.

AMÉRICA LATINA
América Latina está viviendo un tiempo complejo, contradictorio, no
homogéneo, donde se plasman avances de la derecha y las clases dominantes
pero también importantes luchas populares y resistencias a los planes y políticas
de los de arriba. No es un giro a la derecha cerrado, total. La respuesta de los
pueblos se hace sentir y se colocan como protagonistas de este tiempo. No
existen los determinismos ni los fatalismos, no debe ganar tampoco la
desesperanza. Las estructuras se expresan de determinada manera en cada
coyuntura concreta y en cada formación social, según la historia de la misma. No
predeterminan cursos de acción, pero permiten vislumbrar el escenario en que
juegan las clases sociales, es decir, la lucha de clases de todas las expresiones
de los oprimidos. Pero insistimos, no hay homogeneidades ni se pueden realizar
traslados mecánicos de realidades. Con diferentes ritmos, distintos perfiles, se
desarrollan las políticas de los de arriba y también la Resistencia Popular. Los
pueblos de América Latina tienen en su registro y en su memoria amplios y
gloriosos episodios de lucha y combate.
El giro a la derecha que se ha dado en la región con los gobiernos
ultraderechistas encabezados por Bolsonaro, va generando respuestas
populares y cuestionamientos. En Brasil, ha crecido con alarma la pobreza y la
violencia sobre los sectores populares: una desocupación de 13 millones y
subocupación de más de 27 millones de trabajadores, para apuntar unos datos
del drama social. Millones de personas con trabajo informal y precario, jodidos
por la estafa de días miserables y pasando hambre. Junto con el aumento del
20% de la acción letal de los policías en contra de los negros y población de las
periferias, de las clases oprimidas, el agravamiento siniestro del sistema
carcelario y la racionalización de la muerte selectiva. Una tecnología de
contrainsurgencia clavada en los cuerpos y territorios marginados.
Está en relevo el apoyo recíproco, la complicidad de la dupla ajusterepresión como razón de un Estado de seguridad neoliberal donde dominan las
finanzas y su cuchillo. Etapa de gobierno miliciano para administrar la miseria
ante el escándalo de una clase de súper ricos y grandes fortunas, que toma para
sí más de la mitad de toda la riqueza y bienes comunes del país. Es decir, los
doctores entrenados en la escuela de Chicago toman lugar en una configuración
política especial con el Escritorio del Crimen de los policías milicianos y toda
movida de activismo y trampa judicial que ha sido puesta en curso por la
Operación Lava Jato.
Bolsonaro ha sido implicado en las líneas de investigación que llevan al
mando de los asesinos de la compañera Marielle Franco. El asunto, que está
lejos de quedar resuelto, vuelve a la escena pública y genera algún nivel de
protesta en las calles por justicia y verdad para conocer los responsables en el
caso Marielle. También hay algún nivel de diferencias y disputas hacia la interna
de las clases dominantes, incluso entre los grandes medios, donde la Red Globo
quiere mostrarse ahora como "democrática", cuando en realidad llevó en andas
a Bolsonaro al gobierno. Este momento de tensión en el arriba, y teniendo
presente cierto descontento y rebeldía que de distinta manera expresan los de
abajo, es oportuno para mover el campo de los oprimidos y generar situaciones
de mayor movilización popular y organización.
Con Lula fuera de prisión, por efecto de la decisión del Tribunal Supremo
sobre los derechos de juicio con presunción de inocencia, los sectores de la
izquierda electoralista vuelven a jugar por la restauración de un pacto de clases
que no conforma al modo de gobierno de shock de esta coyuntura. Nosotros
conmemoramos con nuestro pueblo cada pequeña victoria en contra de la
injusticia, cada punto de resistencia que se practica para enfrentar el lawfare del
sistema judicial. Pero con toda nuestra independencia política y con mucho
respeto al afecto popular de una parte importante del país que se dirige a Lula
en esta hora, no olvidaremos el castigo infame y horroroso de las cárceles
brasileras, que es la máquina punitiva racista y antipobres de la justicia burguesa.
Confiar la salida política del pueblo brasileño a la libertad de Lula, para que
vuelva a ser electo presidente, es por lo menos suicida, porque no coloca las
demandas del pueblo brasileño en la calle y porque en definitiva, la situación
abierta en el país no se va a solucionar por arriba. Sólo el pueblo puede barrer a
este gobierno autoritario y neoliberal y las fuerzas sociales y políticas que lo
sostienen.
En Colombia, el ESMAD -escuadrón policial de choque y represión- ha
salido a la calle con gran dureza a reprimir manifestaciones estudiantiles, con
varios heridos y detenidos. Ello es parte de la política de Estado militarizado de
los gobiernos de la derecha colombiana, donde ha quedado evidenciado que no
hay margen para ningún "proceso de paz". Han sido asesinados gran cantidad
de militantes populares, varios de ellos ex-guerrilleros. La vuelta a la acción
armada por parte de un sector de las FARC es prueba de ello.
Los procesos electorales y el golpe de Estado en Bolivia
Se han desarrollado a fines de octubre tres procesos electorales con
distintas implicancias en el futuro de la región: Bolivia, Argentina y Uruguay.
El pasado 11 de noviembre el antiguo líder sindical cocalero Evo Morales
y el MAS IPSP en Bolivia vivió un golpe de estado, y fue obligado a renunciar a
la presidencia bajo la presión directa de las Fuerzas Armadas y la Policía,
reforzadas bajo su gobierno, en medio de la presión de grandes protestas
populares liderada por la derecha.
Morales quien había incumplido el mandato anti reeleccionista de la
constitución de 2009 uno de sus principales logros políticos, así como el
resultado del referéndum sobre la reelección presidencial de 2016 del que salió
claramente derrotado y de forma más importante, el mandato indígena y sindical
por el liderazgo colectivo, se presentó por cuarta vez a las elecciones
presidenciales con una capacidad política disminuida pero conservando
importantes bases de apoyo popular y la carta del buen desempeño económico
del modelo del capitalismo andino-amazónico, la expresión más radical del ciclo
progresista en la región.
El desarrollo del modelo político del MAS durante casi 14 años, centrado
en el caudillismo en torno a la figura de Evo Morales bajo el mito de la
representación obrera indígena, cuyas decisiones se toman en las cúpulas
partidarias, utilizando a las organizaciones de base como furgón de cola, forjó un
movimiento verticalista que propone salidas desde arriba en las instituciones de
la burguesía. El debilitamiento de la figura de Evo Morales deja un vacío de
referencia que abre vías a la injerencia del imperialismo norteamericano en
conjunto con los sectores empresariales más reaccionarios, misóginos, racistas
y neoliberales.
Sus principales rivales en las elecciones generales de octubre de 2019
fueron el ex-presidente Carlos Mesa del partido Comunidad Ciudadana obligado
a renunciar en 2005 por el paro general por la nacionalización de los recursos y
ahora cuestionado por sus relaciones con Odebrecht y el pastor evangélico Chi
Hyung Chung del Partido Demócrata Cristiano considerado como el “Bolsonaro
local” y que acusaba a Morales de convertir a Bolivia en Sodoma y Gomorra. Los
principales opositores que habían cogobernado territorialmente con Morales en
el último periodo de tiempo, desarrollaron una campaña anticomunista basada
en el miedo a una segunda Venezuela, pero también apelaban al descontento
legítimo de la población con la corrupción o los bajos salarios. Realizadas las
votaciones en las que la derecha divida apostaba a llegar a segunda vuelta y
probablemente ahí si ganar la elección, en el conteo de los votos en la noche del
20 de octubre se presentaron y denunciaron diversas irregularidades.
Ante estas irregularidades en el conteo y la soberbia gubernamental y
opositora de declarar la victoria en un escenario tan cerrado, se inició una ola de
protestas lideradas por los adversarios de Morales que comenzaron como
vigilias ante los centros de votación y se convirtieron luego en movilizaciones
masivas y un paro cívico indefinido desde el 23 de octubre que por 17 días
bloqueó la más populosa y conservadora región de Santa Cruz, pero también los
centros progresistas de El Alto y La Paz. Se desarrollaron importantes
movilizaciones y bloqueos de vías, que contaron con la participación de
empresarios del transporte en paro desde el 6 de noviembre, estudiantes
universitarios, habitantes de barrios populares y sectores de trabajadores
mineros. Por su parte el gobierno movilizaba importante fuerzas sindicales,
indígenas y campesinas en su respaldo negando cualquier posibilidad de diálogo
político y denunciando un golpe cívico. Entre tanto se producían fuertes
enfrentamientos callejeros entre partidarios y opositores al gobierno, que
sumados a la represión policial, dejan el triste saldo de 24 muertos al día de hoy.
Estas acciones denotan un claro plan golpista, apañado por el gobierno
norteamericano y la CIA. En los días previos ya había información acerca de los
preparativos de esta acción. Sin embargo, la derecha boliviana logró captar y
capitalizar cierto descontento popular, al menos en ese momento. El
descontento con Evo y su gobierno parte desde distintos sectores sociales:
regionales, gremiales (con la COB a la cabeza), cocaleros, estudiantes,
profesionales, hoy aparece mezclado en este marco electoral y la derecha,
reaccionaria y racista, trata de capitalizar de ello todo lo que puede. Expresión
de esto han sido los amotinamientos de las fuerzas represivas en todo el país,
demostrando que la herencia del pensamiento golpista de Banzer sigue intacta
en las capas altas del Ejército boliviano y la policía.
La oposición organizada alrededor de Comité Cívicos con eje en Santa
Cruz radicalizó su posición y Mesa pasó de aceptar la auditoria de la OEA a
rechazarla y proclamar “o la cárcel o la presidencia”. Inició una ola de protestas
violentas que incluyeron barricadas en múltiples carreteras realizadas con
vehículos particulares de los manifestantes, la quema de edificios
gubernamentales y violencia contra funcionarios estatales y sus familias,
movimiento que empalmó con motines policiales, con algunas demandas
laborales y fines políticos que se desarrollaron desde el 8 de noviembre en
Sucre, Cochabamba y Santa Cruz y de ahí al resto del país. Al tiempo
simpatizantes del MAS desarrollaban acciones de desbloqueo de barricadas y
concentraciones, apoyados por sectores de las fuerzas de seguridad, en los que
se produjeron choques violentos con los opositores.
Morales aceptó la revisión de la OEA sobre las votaciones aceptando una
segunda vuelta electoral, al tiempo que convoca a un dialogo con la oposición el
9 de noviembre. Tras los resultados desfavorables de este organismo liderado
por Estados Unidos y sus socios políticos, el gobierno masista acepta repetir las
elecciones presidenciales el 10 de noviembre. En medio del desarrollo de una
gran marcha hacia La Paz organizada por la oposición derechista que buscaba
reinstalar a “Dios” en el palacio presidencial y llamaba a una intervención del
Ejército, la cúpula de las Fuerzas Armadas “sugiere” en abierta intervención
política la renuncia del gobierno, cosa que finalmente se hizo efectiva con la
renuncia de Morales y García Linera, en medio de denuncias de golpe de Estado
y su salida hacia México.
Llama la atención la catarata de errores de Morales y su gobierno. Más
que errores, debemos reconocer que son parte de una concepción que cree en
los cambios por vía de las instituciones burguesas. No enfrentó con firmeza el
golpe de Estado una vez que se puso en marcha; convocó a negociar a los
sectores más fascitas -nazis directamente- que estaban impulsando el mismo,
se sometió a los dictámenes de la OEA (organismo de la política exterior
norteamericana y está fresca la intromisión de dicho organismo en Venezuela y
el doble rasero que aplica según cada país, esa misma OEA que respalda al
gobierno genocida de Colombia), entre otros hechos. Y se auto exilia sin
más...Con esa concepción no se producen cambios de fondo ni se enfrenta
ningún avance de la derecha ni golpe de Estado.
Sin embargo, este nuevo intento golpista se inscribe en la política
norteamericana para el área. País que no controlan directamente, que muestra
algún grado de cierta independencia en política exterior, lo desestabilizan hasta
derrocar al gobierno que ven como obstáculo. Prueba de ello es hoy día los
intentos cotidianos del imperio en Venezuela. Esa Venezuela que al imperio le
importa nada su régimen político, su corrupción, su ineptitud, su burocracia y
bolirricos; le importa solamente a los efectos geopolíticos y por la riqueza que
posee, petróleo principalmente. Recordemos que en el año 2008, Bolivia expulsó
a la DEA del país -agencia antidrogas de EEUU- por su labor desestabilizadora
y de constante apoyo a la oposición, incluso organizando grupos armados. Esa
ha sido la labor de este organismo y la CIA financiado, organizando, entrenando
a los grupos de extrema derecha para dar golpes de Estado y hacer retornar al
control efectivo de los gobiernos a estos sectores y a la burguesía más
recalcitrante, más neoliberal. La vieja política del imperio, más vigente que
nunca. La respuesta de Evo Morales, a pesar de la asonada golpista, ha sido
renunciar como presidente y acceder a canalizar institucionalmente el
descontento, volviendo a llamar a elecciones, a pesar de los llamados a movilizar
contra el golpe en distintas localidades de Bolivia como en solidaridad en el resto
del continente.
El pueblo boliviano, ese pueblo que tiene una inmensa experiencia de
lucha, que protagonizó la Revolución de 1952 y la guerra del gas y del agua en
fechas más recientes, que posee una riquísima tradición organizativa milenaria
ha dado muestras de una dignidad y firmeza increíbles. Ha salido a enfrentar el
golpe de Estado y se desarrollan enfrentamientos de relevancia con muertos y
heridos. Es un pueblo que no se deja atropellar y sale con decisión a enfrentar a
la reacción. Esa movilización popular abre un camino. No todo está dicho y el
golpe no se ha consolidado. Algunos hablan de "guerra civil", lo cierto es que los
niveles de lucha van creciendo en el Altiplano.
El golpe de Estado representa no solamente el proyecto de saqueo a los
recursos naturales bajo los intereses del imperialismo, sino que también exalta
el componente racista y colonial más nefasto de los más de 500 años de
sometimiento a los pueblos indígenas. Se trata de una cruzada cristiana-racista
contra los pueblos andino-amazónicos, quienes organizados desde abajo y con
la Whipala como estandarte enfrentan con altos niveles de radicalidad la
represión del ejército y los ataques ultra-reaccionarios. La lucha que los pueblos
indígenas están llevando a cabo en defensa de las conquistas del pueblo y de
su dignidad, dejan entrever que el eje articulador de la resistencia al golpe en
Bolivia es el pueblo organizado dando pelea en las calles.
Argentina: retorna el Peronismo
En Argentina, el triunfo del Peronismo fue más ajustado de lo pensado. El
ultra neoliberal Macri recuperó 10 puntos de votos, llegando a un total de 40%.
El peronismo no pudo superar el 50%. El escenario social en el cual se da este
traspaso de gobierno, está sin duda marcado por el enorme daño social y
económico causado por las políticas de ajuste y hambre del gobierno de Macri.
Como si fuera poco, Alberto Fernández y el kirchnerismo efectuaron reiterados
llamados a no ocupar las calles, no movilizar, de "aguantar hasta diciembre" , de
"no desestabilizar", de "no generar un nuevo 2001". Lo que estuvo en el debate
en estos meses fueron dos estrategias claras en el campo de la izquierda
argentina: bancar la gobernabilidad de Macri y desocupar las calles, como
sostenían los sectores kirchneristas y afines- por omisión y apuesta electoral
estaban en esta misma lógica el FIT y el PCR-, y por otro lado, un conjunto de
organizaciones sociales y sindicales que impulsamos la lucha en la calle sin
esperar a las urnas, apostando por una salida popular.
Pero ese "quietismo" no sólo le permitió recuperar terreno a Macri, sino
que impidió una salida desde abajo a la crisis en que se encuentra Argentina. Se
intentó colocar al movimiento popular tras la fórmula Fernández-Fernández, pero
igualmente se peleó. Hubo gente en la calles y conquistas concretas, pocas tal
vez, pero conquistas que permiten tonificar a las organizaciones populares.
Sabemos que la cruda avanzada neoliberal, que golpeó con fuerza a los de abajo
durante los últimos años, no puede esperar los tiempos de la politiquería. Mucho
menos cuando somos conscientes que la transición de gobierno está signada
por los reiterados intentos del empresariado de imponer una reforma laboral a
toda costa, y de la forma que sea, intentando retrotraer las condiciones laborales
al siglo XIX. En definitiva este cambio de gobierno, lejos de constituir un freno a
la reforma laboral, puede presentarse como una oportunidad para los sectores
dominantes de maquillar estos cambios bajo otro tipo de modalidad, claramente
más atenuada que lo que hubiera sucedido con un segundo mandato de Macri.
Con la victoria del Peronismo se abre un período de cooptación de los
movimientos populares nuevamente, de tejer por arriba salidas y acuerdos en
base a intereses espurios, de presencia en el gobierno de los sectores más
recalcitrantes del Justicialismo. El pacto social que se viene tejiendo aún desde
antes de ser electo el peronismo en octubre, busca preparar el terreo para
asegurar la gobernabilidad y contener la bronca de la clase trabajadora ante la
situación de ajuste y miseria. El alineamiento y conciliación en un amplio pacto
social que incluye a un sector del movimiento piquetero, la Iglesia, las cúpulas
sindicales de la CGT y CTA, y sectores empresariales tras el gobierno de
Fernández, busca asegurar y dar continuidad a la aplicación de medidas
antipopulares para lograr pagar el enorme endeudamiento externo a la par de la
entrega de los recursos naturales a multinacionales extractivistas.
A pesar de la entrega de las dirigencias burocráticas, también será un
período dinámico e interesante para las luchas populares. Nuestra tarea en este
sentido continuará dirigida a desbordar y trascender la salida propuesta por
arriba, recuperando la confianza en la propia fuerza de las organizaciones
populares.
Uruguay también gira a la derecha
Uruguay, por su parte, presentado como un "oasis de paz y estabilidad"
por el gobierno del FA -imagen que se ha expandido por la región, que es
continuidad de aquella "Suiza de América"- parece también girar a la derecha.
En las elecciones de octubre el gran ganador ha sido el Partido Nacional.
Se han sumado el histórico Partido Colorado y el novel Cabildo Abierto, partido
de origen militar, conformado por ex milicos y otros en actividad, y ha nucleado
a casi todos los grupos y personalidades fascistas que estaban desperdigadas
en distintos sectores. Su candidato y principal figura es Guido Manini Ríos, ex
Comandante en Jefe del Ejército hasta hace unos meses. Manini Ríos proviene
de una familia tradicional de la política uruguaya, ubicada en el espectro de la
extrema derecha. Su abuelo fue fundador del sector más conservador del Partido
Colorado en 1913 y su tío revistó en la JUP (Juventud Uruguaya de Pie, grupo
fascista de choque en los años previos a la dictadura). Familia de terratenientes,
políticos y militares, todos de extrema derecha. Guido Manini Ríos es amigo del
ex General Villas Boas de Brasil y del Vicepresidente Mourao. Para ir viendo sus
conexiones...
Este sector -Cabildo Abierto- obtuvo cerca del 11% de los votos. Una
votación alta para un partido nuevo ligado a los milicos. Es un partido
extremadamente conservador y eso es claro para el conjunto de la sociedad
uruguaya. Es una opción ideológica directa la que hacen sus votantes. Además,
en los meses previos hubo varias denuncias sobre grupos neonazis que se
estaban sumando a Cabildo Abierto y cuyos miembros se fotografiaban con su
líder. Además, Guido Manini Ríos tiene abierta una citación judicial por haber
ocultado información surgida de declaraciones de José "Nino" Gavazzo (represor
y torturador en el marco del Plan Cóndor, directamente implicado en la
desaparición y asesinato de compañeros de FAU) en un "Tribunal de honor"
acerca de su participación en asesinatos de militantes durante la dictadura. Este
partido tendrá una representación parlamentaria de 3 senadores y 11 diputados.
Podemos decir que en el Uruguay el fascismo ahora tiene partido propio.
Todos los partidos de derecha brindan su apoyo a Lacalle Pou en la
segunda vuelta a fines de noviembre. De ganar el candidato del Partido Nacional
(pertenece al Herrerismo, sector históricamente conservador) implementará una
ley de urgente consideración como ya ha anunciado, en la cual entre otras
medidas impulsará la desmonopolización de los combustibles, cambios
regresivos en la educación y en las relaciones laborales, aparecen entre las
medidas que han cobrado notoriedad. Por su parte, el Partido Colorado impulsa
el modelo chileno, es decir, el neoliberalismo puro y duro, pero a la uruguaya. De
esa combinación de factores surgirá el programa del gobierno "multicolor" como
le ha llamado Lacalle Pou.
El Frente Amplio también propone ajuste, tal vez más gradual, sin tocar
las áreas sociales, según declaran. Pero el déficit fiscal está cercano al 5% y las
cuentas públicas parecen estar complicadas hacia mediados del año 2020, justo
cuando hay que aprobar un nuevo presupuesto. Los pagos de intereses de
deuda que vencen en esas fechas son un cuello de botella importante.
En Uruguay no se disputan dos "modelos" de país en estas elecciones: el
modelo es uno sólo y el giro a la derecha con ajuste y represión también. Lo que
se "define" es la "dosis", el grado del giro, si será más abrupto o no.
Por lo tanto, el año próximo es de esperar ajuste y garrote desde arriba,
pero por otro lado, desde abajo, Resistencia.
Una ola de rebeldía en Centroamérica y el Caribe
Las grandes jornadas de protesta en Puerto Rico, iniciada desde el 13 de
julio, que llevaron tras movilizaciones masivas como la marcha de medio millón
de personas de los días 17 y 22 y huelgas generales a la renuncia por escándalos
de corrupción con la ayuda humanitaria y comentarios de desprecio y
discriminación contra la población, del gobernador Ricardo Roselló y el Partido
Nuevo Progresista el 24 de ese mismo mes, en medio de la honda crisis
económica experimentada en la isla.
Por otro lado son de gran importancia, las diversas olas de protesta en
Haití contra el gobierno del empresario Jovenel Moise y el Partido Haitiano
TetKale, sucedidas en febrero, junio y septiembre, en medio de la honda crisis
económica, escándalos de corrupción y un acuerdo del gobierno con el Fondo
Monetario Internacional (FMI) para profundizar reformas neoliberales. Las
movilizaciones, retoman las protestas contra el fraude electoral de 2016, han
incluido violencia contra los barrios ricos de la ciudad de Puerto Príncipe y
diversas huelgas generales, dejando el trágico saldo de 77 muertos.
Así mismo resultan fundamental y está aún abierta la ola de luchas
realizadas en Honduras desde el 10 de octubre y generalizadas desde el día 18
contra el gobierno de Juan Orlando Hernández y el Partido Nacional salpicado
de escándalos de corrupción y narcotráfico por el mismo Chapo Guzmán, que
retomaban las luchas contra el fraude electoral de 2017, protagonizadas por
estudiantes universitarios y sectores populares.
La movilización popular masiva como respuesta a la crisis económica, el
paro activo en la cadena de producción, distribución y servicios, el descontento
social con gobiernos impopulares permeados por la corrupción pública y privada,
y el desprecio de la burguesía parlamentaria hacia las condiciones de vida de su
pueblo explican esta revitalizadora ola de rebeldía centroamericana y caribeña a
la que debemos apoyar y de la que necesitamos aprender.
La etapa que se abre a partir de las rebeliones en Ecuador y Chile
Octubre decíamos trajo cambios y trajo lucha de los pueblos. Comenzó
con el alzamiento del pueblo ecuatoriano. Desde el 2 de octubre en Ecuador se
registró una extensa movilización popular que logró una victoria importante
contra el paquetazo neoliberal impulsado por el gobierno del empresario Lenin
Moreno de Alianza País, retomando las luchas este mismo año de los
estudiantes de medicina, las huelgas de hambre victoriosas de docentes y
trabajadores eléctricos jubilados y el paro cívico de la región de Charqui.
El gobierno Moreno, profundizando las políticas pro mercado
desarrolladas por el propio Rafael Correa, decidió implementar ante la crisis
económica, una reforma estructural concertada con el Fondo Monetario
Internacional (FMI) para obtener un crédito por 4.200 millones de dólares que
incluían el decreto 883 que imponía una drástica subida del precio de la gasolina
de hasta 120% lo que a su vez implicaba encadenadas de todos los demás
sectores económicos, y sobre todo una reforma laboral que imponía una
reducción de salarios para la mayoría de empleados temporales del sector
público en 20%, más de 20 mil despidos de trabajadores del Estado, la reducción
del 50% del período vacacional, así como confiscaciones salariales obligatorias
y el anticipo de una reforma laboral precarizadora.
Ante el decreto de suba de la gasolina, el pueblo salió a la calle. El
gobierno de Lenin Moreno reacciona decretando el Estado de Sitio. Aumenta el
grado de movilización popular con fuerte presencia de la CONAIE que marcha
sobre Quito. El gobierno huye de la capital y ésta queda bajo control popular
durante varios días. Pero veamos esto con más detalle.
El paquetazo y su duro golpe contra las trabajadoras y los pueblos del
país, despertó diversas resistencias. En primer lugar inició un corto paro de
empresarios del transporte que bloqueó carreteras, puentes fronterizos y vías
urbanas, organizados en la Federación de Cooperativas de Transporte Público
de Pasajeros (Fenacotip) que se prolongó por 48 horas. En segundo lugar
destaca la importante resistencia indígena de comunidades proveniente
principalmente de la zona andina y en menor medida la Amazonia, organizada
por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE),
anteriormente golpeada por la represión correista, que se constituyó en la
dirección efectiva del movimiento. La CONAIE organizó la gran marcha de
decenas de miles de personas, con cientos de camiones rebosantes de
participantes, sobre la ciudad de Quito, que logró ocupar fugazmente la
Asamblea Nacional el 8 de octubre y ocupar múltiples edificios públicos en todo
el país. La situación obligó al gobierno a trasladarse a Guayaquil y decretar el
Estado de excepción, el toque de queda en la capital, la censura de prensa y la
militarización del país.
En tercer lugar se desarrolló una importante protesta obrera organizada
alrededor del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), e importantes sectores
estudiantiles y populares, que desarrolló paros parciales en refinerías de petróleo
y una importante huelga general el 9 de octubre. El movimiento tuvo un nuevo
pico en la movilización por el día de la resistencia indígena el 12 de octubre, así
como múltiples protestas en las grandes ciudades del interior, con eje en el
centro de Quito, donde indígenas, campesinos, obreros y estudiantes ocuparon
el centro de la ciudad y convivieron en campamentos organizados en parques y
universidades privadas.
Se desarrollaron 11 días de protesta masiva, cacerolazos, bloqueos de
vía y carreteras en la mitad del país, y cientos de miles de personas movilizadas
en las calle, con un saldo trágico de 11 muertos, 1300 heridos y 1100 detenidos,
que recordaron las heroicas rebeliones de 1995 y 1997 contra las políticas
neoliberales. Los indígenas decretaron el estado de excepción en su territorio y
retuvieron militares y policías desplegados en actividades represivas para ser
juzgados por sus instituciones de justicia. Al tiempo se presentaron quemas y
saqueos en algunas zonas comerciales, en medio de la retórica gubernamental
de no dar marcha atrás con las reformas y las acusaciones propagandísticas
contra Correa y Maduro de un brumoso plan de desestabilización.
Finalmente, el muy debilitado gobierno Moreno se sentó a negociar el 13
de octubre con la dirección de algunas de las organizaciones, suspendiendo el
decreto que eliminaba los subsidios a los combustibles, aunque los demás
aspectos del paquetazo se mantienen aún vigentes. Aunque la demanda de la
renuncia de Moreno no se profundizó, el gobierno buscó excluir a los sindicatos
y organizaciones urbanas de las negociaciones y los elementos de auto
organización popular no se extendieron a todo el país, la masiva protesta fue
importante, pues supuso una rearticulación del movimiento popular, debilitado y
fragmentado por el correismo, en medio del aumento de su autonomía política y
unidad intersectorial. En este contexto de alza de las luchas y de búsqueda de
alternativas populares a la crisis y el ajuste neoliberal, es deseable una
rearticulación de algunas expresión del anarquismo organizado en el país.
En definitiva, organizaciones indígenas, campesinas, sindicatos de
trabajadores, estudiantes, jóvenes, son los participantes y animadores de esta
revuelta popular que puso en jaque a la policía y al Ejército. Movilizaciones con
altos niveles de enfrentamiento con las fuerzas represivas y con total
independencia de clase, ya que fueron corridos los políticos vinculados al ex
presidente Correa que se hicieron presentes en las movilizaciones. El pueblo no
está dispuesto a dejarse instrumentalizar y usar por la casta de los políticos. Un
saber popular de profundas implicancias para la concreción de Poder popular.
 El gobierno debió derogar el decreto y dar marcha atrás en sus medidas.
Una victoria popular de un pueblo que ha hecho caer varios gobiernos.
En Chile una protesta de los estudiantes secundarios con coladas
masivas en metro contra el alza del precio de las tarifas de energía y transporte
público de Santiago implementada el 6 de octubre, fue fuertemente reprimida,
derivando en una jornada de rebeldía nacional aún abierta especialmente desde
las protestas nacionales del día 18 del mismo mes. El segundo gobierno de
Sebastián Piñera y la coalición Chile Vamos, atacó la justeza de la protesta
juvenil y se aprestó a la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado, mostrando
un gran desprecio hacia las condiciones de vida de la clase trabajadora y los
sectores populares y una defensa cerrada de su política económica neoliberal
heredera de la dictadura cívico militar de Pinochet y de tres décadas de
gobiernos de la concertación y la derecha.
La protesta estudiantil continúo y se generalizo por la capital aumentando
las afectaciones al sistema metro, y en ocasiones a los trabajadores y usuarios
del sistema. Se sumó la movilización temprana de trabajadores de la educación
y la salud, y más tardíamente organizaciones como la Central Unitaria de
Trabajadores (CUT) y la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH)
adhirieron a la movilización, organizando grandes huelgas generales como las
del 4 de noviembre. Así se generalizaron los cacerolazos y las concentraciones
masivas en todo el país como las vividas desde el día 20 de octubre, con
expresiones como la marcha del 25 del mismo mes, la más grande de la historia
reciente del país, que reunió cerca de 1´200.000 personas en Santiago con eje
en Plaza Italia, la movilización de centenares de miles de personas desde Viña
del Mar a la sede del Congreso en Valparaíso el día 27 o la marcha de los
pobladores Limache que recorrieron 100 kilómetros hasta Santiago. La actividad
de los estudiantes secundarios organizado masivamente en Asamblea
Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) y Coordinadora Nacional de
Estudiantes Secundarios (CONES), resulto clave, pero también se sumó el
pueblo mapuche que realizo concentraciones en la Araucanía destruyendo
símbolos coloniales o el movimiento de mujeres, movimientos todos con un largo
historial de lucha contra el resquebrajado régimen bipartidismo chileno.
En medio de una movilización popular, con parecidos a las grandes
jornadas de protesta nacional contra la dictadura de 1983 y 1986, y un aumento
de la violencia popular con barricadas, saqueos e incendios sobre diversas
edificaciones, el gobierno Piñera habló de que el país estaba en guerra y la
primera dama habló de una invasión alienígena, se decretó el estado de
excepción y toque de queda en la mayoría de ciudades del país y se desarrolla
una violenta represión que generalizó los malos trato y la tortura, el acoso y el
abuso sexual y la represión por parte de las fuerzas policiales y militares. Al
tiempo Piñera se vio obligado a derogar el alza del pasaje, decretar unas
reformas sociales mínimas en materia de pensión, salario mínimo y congelación
de tarifas, realizar un cosmético cambio de gabinete, aún convocar un dialogo
política con miras a una posible reforma constitucional.
Aunque aparentemente desgastada, la jornada de protesta popular en
Chile aún está abierta, y las asambleas territoriales en plazas públicas, colegios,
universidades, barrios y sindicatos se mantienen bajo la consigna de Chile
despertó y una creciente demanda de fuera Piñera. Hasta ahora hay un
lamentable saldo de 30 muertos y 2 mil heridos y 5 mil detenidos. Es reseñable
que la actividad de los/las anarquistas organizados/as, aunque minoritaria, ha
sido importante y en medio de la lucha florecen formas de auto organización
popular. El actual movimiento puede lograr importantes conquistas económicas
y salariales, presionar por reformas legislativas en materia de transporte,
educación, pensiones o salud y llevar a un aumento claro de los niveles de
organización, movilización y autogestión popular.
El pueblo chileno ha hecho crujir 30 años de neoliberalismo y toda la
herencia post-dictadura. La represión fue dura pero Carabineros fue desbordado
por la gente en las calles, por eso Piñera decreta el Estado de Excepción y el
toque de queda, sacando al Ejército de los cuarteles. El pueblo desafió ambas
imposiciones y continuó en la calle. Movilizaciones masivas en los centros
urbanos, otras en los barrios, barricadas, demostraciones de bronca y rechazo a
los símbolos del modelo... El pueblo ha roto la normalidad en Chile, con y sin
huelga general. Las movilizaciones continúan y fermenta por abajo un proceso
de organización y resistencia, se acumula una amplia y rica experiencia y se abre
una nueva etapa. Incierta, pero una etapa de pueblo en la calle desafiando al
poder.
Sin embargo, los partidos de izquierda, en su mayoría, impulsan la
convocatoria a una Asamblea Constituyente que dote a Chile de una nueva
Constitución, derribando la heredada de la dictadura de Pinochet. Si bien es un
reclamo sentido, ya que parte de la herencia del pinochetismo es la Constitución
y el orden jurídico que garantiza y que ningún gobierno- incluidos los de la
Concertación- osó tocar, habilita una "solución por arriba" a la crisis abierta por
abajo por la movilización popular. Habilita a que los partidos del sistema
encuentren una "solución" a los problemas de los chilenos, garantizando los
mismos derechos... a las clases poseedoras y dominantes en el país y a esa
odiosa institución garante del orden burgués que es el Ejército. Ninguna
Constitución bajo el capitalismo tocará la propiedad privada en todos sus
términos ni garantizará el desmantelamiento de las Fuerzas Armadas, ni
socializará las ganancias y propiedad del cobre. La experiencia de Allende y la
Unidad Popular habla a las claras por sí sola, de los límites que "tolera" la
burguesía y el imperio.
Pero lo más complejo de la Constituyente, es que coloca en las manos de
los opresores y de los dispuestos a sucederlos en su rol, la solución a las
necesidades populares y su inevitable engaño, porque existen mil formas de
burlar textos jurídicos consagrados. Se coloca de esa forma nuevamente al
pueblo como furgón de cola de los partidos del sistema, de sus discusiones,
obliga a tomar bando por alguno de ellos y dejar de lado la organización y la
causa popular. Es un corral de ramas.
En cambio, la alternativa está en ese mismo abajo que ha hecho temblar
y crujir el modelo. Un proceso de unificación de luchas populares, de búsqueda
de un plan de soluciones a la crisis construido por las organizaciones populares.
Una articulación de los oprimidos desde abajo hacia arriba, construyendo Poder
Popular, con autogestión y democracia directa. Fortalecer las organizaciones
populares y un proceso de convergencia deben ser los objetivos de la militancia
de intención revolucionaria.
Queremos ser claros: cuando decimos Poder Popular decimos capacidad
de acción y decisión del pueblo, de sus organizaciones de base articuladas en
forma federalista, de abajo a arriba. Es un proceso netamente popular, por fuera
del Estado y contra él. Podemos mencionar como ejemplos históricos las
Colectivizaciones en plena Revolución Española, la Machnovitchina en Ucrania
durante la Revolución Rusa, la experiencia en Rojava hoy en día, pero también
infinidad de procesos que los pueblos latinoamericanos han construido y
construyen donde la participación de los de abajo es decisiva.
Por lo pronto, las movilizaciones continúan y ese proceso sigue abierto.
Vastas experiencias y enseñanzas deben sacarse de aquí, porque se abre una
nueva etapa.
Queremos expresar claramente, todo nuestro apoyo a los compañeros de
la Federación Anarquista Santiago (Chile) y de Revolución Libertaria de La Paz
(Bolivia) que están insertos en las movilizaciones e impulsando una orientación
de trabajo en medio de la lucha.
Tiempo del pueblo
Con las pueblada de Ecuador y Chile se abre un tiempo de pueblo en la
calle. De los pueblos movilizados por toda América Latina. Es de esperar otras
puebladas, rebeliones, sucesos que puedan habilitar situaciones prerevolucionarias o las preanuncien. En cada país a su ritmo, con su idiosincrasia
y de acuerdo a cada coyuntura concreta. Todo ello en una perspectiva de
mediano-largo plazo.
Se abre un ciclo de luchas populares contra el neoliberalismo y sus
consecuencias. Porque esta etapa del capitalismo, de neoliberalismo crudo,
genera, sin lugar a dudas, más resistencia, gente en la calle,. Ante tanto despojo
y represión, el pueblo se moviliza. No es un ciclo exclusivo de la derecha, como
se ha pregonado. Seguramente los progresismos -como los conocimos hasta
2015- van llegando a su fin. Los que perduren, mutaran por influencia de la
derecha, el ajuste impuesto desde arriba y los límites económicos del sistema a
escala mundial. Ellos vuelven por el saqueo total, pero el abajo está fermentando
sus respuestas y una salida realmente popular.
Si bien aumentarán los grados de la represión, son claras las enseñanzas
que nos dejan los pueblos ecuatorianos y chileno: se puede desbordar a la
represión, incluso a las Fuerzas Armadas, con pueblo en la calle y practicando
la acción directa a todos los niveles. A modo de ejemplo, en Ecuador una
tanqueta fue puesta fuera de combate por la acción del pueblo.
Es fundamental fortalecer las organizaciones populares, aportar en los
debates acerca de las vías y caminos de cambio, en clarificar que los caminos
que el sistema siempre abre, terminan en un precipicio. Es desde abajo que se
construye pueblo fuerte y federalismo, único modo organizativo que confía en las
organizaciones populares y no en vanguardias auto-elegidas y pretendidamente
"iluminadas". No hay salida posible "por arriba" en los ámbitos e instituciones del
sistema, esos espacios solo a la burguesía y al imperio pueden servir. El cambio
viene desde el pueblo y lo que el pueblo pueda construir, con sus limitaciones y
problemas, pero será mucho más rico que las podridas instituciones burguesas,
instituciones de opresión y muerte.
Está en juego la vida y la construcción de una sociedad diferente. En esa
lucha estamos embarcados y el Anarquismo Organizado -el Especifismo- tiene
mucho para decir en propuestas de auténtica emancipación.
NO AL GOLPE DE ESTADO EN BOLIVIA!!
VIVA LA RESISTENCIA DE LOS PUEBLOS!!
A FORTALECER LA LUCHA Y LOS
PROCESOS POPULARES!!
POR LA CONSTRUCCIÓN DE PODER
POPULAR!!
POR EL SOCIALISMO Y LA LIBERTAD!!!
ARRIBA LOS QUE LUCHAN!!

FEDERACIÓN ANARQUISTA URUGUAYA (FAU)
FEDERACIÓN ANARQUISTA DE ROSARIO (FAR) -ARGENTINA
ORGANIZACIÓN ANARQUISTA DE CÓRDOBA (OAC)- ARGENTINA
COORDINACIÓN ANARQUISTA BRASILERA (CAB)
GRUPO LIBERTARIO VÍA LIBRE - COLOMBIA