Coyuntura Febrero 2016
A modo de balance del 2016, podemos concluir que durante el
año se manifestaron, a groso modo, dos posiciones en referencia a cómo resistir
la brutal ofensiva de los de arriba. Por un lado, la que apunta
fundamentalmente a la canalización institucional de las demandas populares, con
la mira puesta en las elecciones de 2017[1] y, por otro, la que se orienta al
protagonismo popular y la lucha a fondo, que en estos momentos se hace
imprescindible para no perder ninguna conquista.
Así, en los últimos meses del año pasado vimos como un
sector de las organizaciones sociales cerraban un acuerdo de paz social en la
búsqueda de quedar posicionadas como fuerza política alternativa a la debacle
kirchnerista, con aspiraciones electorales a partir de conquistas en el ámbito
parlamentario; a la par de disputarse internamente la representación del Papa a
nivel local. Se evidencia cada vez con más claridad que la orientación que
propone Bergoglio, lejos de ser antagónica a Macri, se enmarca en el refuerzo
de la estatalidad y las instituciones dominantes, en pos de no volver a un
momento de rebelión social similar al del 2001. En este sentido, la sanción de
la Ley de Emergencia Social implicaría la administración de una obra social, y
la creación de un órgano estatal con participación de las organizaciones
sociales, llamado Consejo de Economía Popular. Estas concesiones sumadas a
algunas migajas para fin de año, fueron los puntos de una negociación por la
cual Barrios de Pie, la CTEP y la CCC no solo permitieron pasar un diciembre
con poca conflictividad sino que además firmaron una cláusula de paz social
hasta el 2019.
También durante diciembre las desinteligencias que se dieron
en el congreso en referencia al mal llamado impuesto a las ganancias, se
resolvieron con concesiones de todas las partes en pugna: Macri, Massa, la CGT,
el bloque del FPV y los gobernadores llegaron a una salida negociada en la cual
no se modifica sustancialmente la situación del impuesto al salario. Por un
lado, este acuerdo legaliza que más de un millón trabajadores sigan pagando
ganancias, al igual que gran cantidad de jubilados. Por el otro, cuando se
concreten nuevos acuerdos paritarios aumentará nuevamente la cantidad de
trabajadores que paguen el impuesto volviendo proyectivamente a la situación
anterior. Como expresión de este acuerdo sobre el cierre del año pasado el
presidente se mostró juntándose a brindar con la burocracia sindical, mientras
cientos de miles de trabajadores perdieron sus puestos de trabajo durante 2016
y se va delineando un escenario de empeoramiento de esta situación, no sólo de
pérdidas de trabajo sino de salarios a la baja y mayor precarización.
Aun así, distintas luchas puntuales que se desarrollaron
durante el año han desbordado los intentos de contención y canalización
institucional. En este sentido, destacamos la lucha de las mujeres durante el
2016, que mediante grandes movilizaciones y fruto de años de organización en el
plano feminista han sabido dar batalla en las calles. La acción directa, la
organización y la unidad por abajo demostraron ser las mejores aliadas del
pueblo en la resistencia a la ofensiva neoliberal y reaccionaria.
Algunas señales del gobierno dan cuenta que en el 2017 los
de arriba pretenden dar un nuevo envión al ajuste. El panorama cada vez más
complejo e imprevisible en lo internacional, con la asunción de Trump, que
puede complicar la supuesta llegada de inversiones, las posibilidades de
endeudamiento externo y el precio de los commodities, perfila a Cambiemos a
profundizar medidas de ajuste, incluso, en un año electoral. A esto se le suma
que las burocracias (sindical y piquetera) le regalaron a Macri un año en donde
pudo medir sus fuerzas e intenciones y en base a esto el gobierno evaluar el
margen con que cuenta para avanzar.
La represión parece tomar también impulso, a partir del
momento en que se vuelve a hablar desde el gobierno de la iniciativa
anti-protesta, esta vez para la capital del país. Los episodios represivos son
cada vez menos espaciados y más acompañados de discursos mediáticos que los
hacen más aceptables para la “opinión pública”. La guerra de pobres contra
pobres se pone en el foco mediático, los jóvenes pobres pasan a ser el enemigo
público número uno, y mientras tanto los/as trabajadores/as se convierten en un
“costo laboral” y los jubilados/as en “gasto público”, una circulación de
discursos con efectos bien prácticos y materiales. En este sentido el gobierno,
con importante ayuda de los grandes medios de comunicación, impulsa una campaña
de propaganda ideológica apuntada a legitimar su programa -paradójicamente
desde una postura declarada como post-ideológica-, y a profundizar el proceso
de fragmentación de la clase oprimida, cambios en la esfera cultural orientados
a borrar cualquier elemento que pueda remitir remotamente a una idea de
socialismo.
No es casualidad, que habiendo pasado un diciembre
relativamente “tranquilo”, en los primeros días del mes de enero se hayan
anunciado toda una batería de medidas apuntadas a atacar las condiciones de vida
y de trabajo, con la expectativa de que a mayor explotación haya mayores
niveles de inversiones; algo que empieza mal y termina peor para los/las de
abajo. Parece que el gobierno entiende que si la apuesta de las burocracias es
la de “resistir” desde el parlamento, comprometidos a fondo con la
gobernabilidad tal como indica el mandato papal, éste sería el momento de
avanzar con la reforma anti-obrera que reclaman los sectores empresariales.
Estas medidas se dieron, sin vacilación, en el marco de una
serie de situaciones que ponen de relieve la precariedad del hábitat en donde
vivimos los/as de abajo, y que fueron una especie de anecdotario de noticias
provenientes del “interior” del país. Las reiteradas inundaciones y aludes,
producto del modelo de devastación agropecuaria; los incendios en La Pampa que
dan lugar a un sin fin de negocios inmobiliarios especulativos; los ya
conocidos derrames de cianuro por parte de las mineras en las aguas de la
provincia de San Juan; el avance de proyectos inmobiliarios privatizadores por
parte de dueños internacionales y nacionales, que se vienen dando hace décadas
en la Patagonia y que ponen en jaque el acceso al agua, la energía y el
territorio por parte de quienes habitan allí. Así, es pertinente mirar aquellas
luchas que se dieron como respuesta por parte de pobladores y comunidades
mapuches organizados (en su mayoría fuertemente reprimidas), buscando siempre
la forma de articular la resistencia en contra de este sistema de dominación.
El saldo del año nos deja como aprendizaje que en donde la
resistencia y la solidaridad se expresaron en la calles mediante la acción
directa, los/las de abajo pudimos mantener nuestras conquistas y
reivindicaciones, es decir el límite lo pusimos luchando.
Durante este año desde la FAR apuntamos a seguir
construyendo desde esa orientación en el campo de las luchas sociales. En un
año electoral y de ajuste es probable que las elecciones funcionen como un
freno para la presión hacia los/las de abajo pero también como una distracción
para sectores del campo popular que volcaran sus energías a la disputa dentro
del sistema, debilitando las posibilidades de lucha y unidad por abajo.
Por eso, una de las tareas del año será seguir fortaleciendo
la perspectiva y el horizonte de construcción de poder popular, con claridad en
referencia a lo que el sistema propone con sus mecanismos de dominación que
sirven para domesticar las luchas y hacerlas funcionales –en su cercamiento
institucional- a un entramado de relaciones sociales que no hace más que reproducir
lo esencial del capitalismo.
Sin concesiones, ni posibilismos donde la participación
popular permita avanzar, e impidiendo que nuestra lucha sea un instrumento para
la construcción de aparatos electorales, defendiendo siempre la independencia
de clase.
Ya sea en el plano ideológico como en nuestra participación
en las luchas sociales nuestra lucha es por fuera de las urnas y ES EN LA CALLE
DONDE SE CREA UN PUEBLO FUERTE!! EN LA CALLE CONSTRUIMOS PODER POPULAR!!
[1] Este
posicionamiento pro-institucionalista es reflejado por posturas del FIT, la UP
de De Genaro y el PCR entre otros sectores de izquierda, hasta las posiciones
del sindicalismo burocratico proveniente de distintas vertientes del PJ a
través de sus diputados.
